Juan Asael Martínez, uno de los acusados del caso de presunta corrupción que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar la extinción de la acción penal a su favor después de cuatro años y cinco meses que lleva enfrentando la imputación que le hace el Ministerio Público.
Argumentó que en esos casi cinco años se le ha impuesto severas restricciones personales y financieras, razón por la que desea «rehacer su vida» y volver a la «normalidad» de un joven de su edad, de 35 años.
- «Miren, yo estoy convencido de que, después de la muerte y de una enfermedad terminal, el viacrucis de un proceso judicial es lo peor que le puede pasar a una persona», dijo Martínez a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado.
Martínez hizo su defensa material después de la técnica de sus abogados Nassef Perdomo Cordero y Francisco Álvarez Martínez, quienes dijeron que el proceso penal en el que se vincula al acusado «no tiene visos de acabarse».
El joven y otros de los 15 imputados que enfrentan el juicio de fondo siguen presentando ante el tribunal que se archive la acusación al alegar que ya el expediente sobrepasa los cuatro años que establece el Código Procesal Penal.
El primero en hacer la solicitud fue el exprocurador Jean Alain Rodríguez, a quien el tribunal se lo rechazó la pasada semana.
Yo quiero rehacer mi vida
- “Quiero volver a hacer las cosas normales que hace una persona de mi edad. Quiero poder proyectarme, construir, emprender sin esta sombra sobre mí. Quiero poder casarme y formar una familia”, insistió Juan Asael a las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto.
Agregó que cuando inició a conocerse el caso en los tribunales no había cumplido los 30 años y que, desde entonces, se le tiene impedido hacer una transferencia o un depósito al Banco de Reservas y se le ha privado de “algo tan sencillo” como renovar la placa de su vehículo sobre el cual pesa una oposición del Ministerio Público.
Juan Asael recordó que en un momento estuvo a punto de llegar a un acuerdo con los fiscales para aceptar un criterio de oportunidad, “aun estando convencido de que no tenía absolutamente nada que ver con los hechos” que se le imputaban.
El mismo no prosperó luego que acusara en plena audiencia al Ministerio Público de extorsionarlo para negociar con él. Luego de su denuncia, la directora de la Procuradoría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, retiró el acuerdo.
Este lunes dijo que aceptó el acuerdo “por una sola razón: porque quería que cesara la acción penal en mi contra y poder continuar con mi vida. Un acuerdo que, irónicamente, meses después fue retirado por haber dicho la verdad”.
Su hermano, César Nicolás Rizik Pimentel, también es uno de los acusados en el caso y enfrenta igualmente el juicio de fondo.
Al grupo de las 15 personas físicas que pasaron a esa etapa del proceso se les señala de defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, durante el periodo 2016-2020.
A Martínez, el juez de instrucción Amaury Martínez lo favoreció con un no ha lugar, pero en la corte se revocó esa decisión y se le declaró auto de apertura juicio.
Los otros que solicitan la extinción de la acción penal
Los otros que solicitan extinguir la acusación son el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier A. Forteza; y la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría, Altagracia Guillén Calzado.
Asimismo, la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones, Isis Tapia Stefanniel; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General, Alfredo Alexander Solano Augusto; Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Francis Ramírez Moreno, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes, Félix Antonio Rosario Labrada, Juan Asael Martínez y Alejandro Martín Rosa Llanes.