Jamaica estima en alrededor de US$10,000 millones el valor de las reparaciones que reclama a Reino Unido por los daños derivados de siglos de esclavitud y colonialismo, y este lunes dio un nuevo paso para intentar que esa exigencia deje de ser únicamente política y pase al terreno jurídico.
El Gobierno jamaicano presentó formalmente al rey Carlos III una petición para que remita al Comité Judicial del Consejo Privado varias preguntas sobre la legalidad de la esclavitud bajo el dominio británico y sobre una eventual obligación de Londres de reparar sus consecuencias.
La iniciativa busca determinar, entre otros puntos, si el traslado forzoso de africanos hacia Jamaica y su posterior esclavización fueron legales conforme al derecho británico de la época, si esos hechos pueden generar responsabilidad jurídica para Reino Unido y si existe actualmente una obligación de ofrecer reparación.
Gobierno de Trump reemplaza exhibición sobre la esclavitud en la casa de George Washington en Filadelfia
Iniciativa de Jamaica
El planteamiento forma parte de una ofensiva más amplia de los países del Caribe para obtener compensaciones por la esclavitud y el colonialismo. La Comunidad del Caribe (Caricom) ha respaldado la estrategia de Jamaica y mantiene desde hace más de una década una agenda regional de reparaciones dirigida principalmente a antiguas potencias coloniales europeas.
La cifra de US$10,000 millones ha sido citada como una estimación de la reclamación jamaicana, aunque la petición presentada ante el rey no constituye todavía una demanda judicial de pago por esa cantidad ni fija formalmente una indemnización.
Ese matiz es importante. Lo que Jamaica busca en esta etapa es establecer primero si existe una base jurídica para reclamar reparaciones a Reino Unido. Si el Consejo Privado acepta estudiar el asunto y concluye que existe algún tipo de responsabilidad, el debate sobre la cuantificación de los daños adquiriría una dimensión distinta.
Proceso ante el Consejo Privado
El mecanismo escogido también resulta inusual. Jamaica solicita al monarca, que continúa siendo jefe de Estado del país caribeño, que active un procedimiento ante el Comité Judicial del Consejo Privado, una institución vinculada históricamente al sistema judicial del Imperio británico.
La legislación británica permite al rey remitir determinadas cuestiones jurídicas al Consejo Privado para que este emita una opinión. Carlos III, sin embargo, no decidiría personalmente si Reino Unido debe pagar reparaciones.
La ministra jamaicana de Cultura, Olivia Grange, ha defendido la iniciativa como un intento de obtener una respuesta jurídica sobre hechos que durante décadas han sido discutidos principalmente desde perspectivas históricas, morales y políticas.
Reino Unido mantiene hasta ahora una posición contraria al pago de reparaciones por la esclavitud. Los sucesivos gobiernos británicos han expresado pesar por el papel del país en el comercio transatlántico de esclavos, pero han rechazado comprometerse con indemnizaciones económicas.
Jamaica fue colonia británica durante más de tres siglos y se convirtió en uno de los principales centros de producción azucarera sustentados en trabajo esclavo del Caribe. La esclavitud fue abolida formalmente en las colonias británicas durante la década de 1830.