El calendario oficial de Haití prevé para el 13 de diciembre de 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, mientras que la segunda vuelta sería el 21 de febrero de 2027.
Sin embargo, lo que muestra el día a día de esa nación, incluso más allá de la violencia que azota gran parte de su territorio, hace que parezca más probable que nieve en Boca Chica en pleno mes de septiembre.
La situación sigue siendo preocupante en varias regiones del país. Las principales carreteras nacionales permanecen controladas por las pandillas, que establecen puestos de peaje para obtener dinero y algunas zonas de la región metropolitana de Puerto Príncipe también siguen bajo su dominio.
En estas condiciones, la libre circulación de la población, y de los candidatos durante una campaña electoral, se convierte en uno de los obstáculos más desafiantes para la celebración de los comicios.
Las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reflejan la gravedad del escenario.
Entre abril y junio se registraron más de 1,400 muertos y 796 víctimas de violaciones relacionadas con pandillas. La presión ejercida por las operaciones de seguridad desplazó a grupos armados hacia zonas rurales, donde también se registraron víctimas civiles por ataques con drones explosivos.
No queda dónde escapar
Los tres departamentos con mayor cantidad de electores (Oeste, Artibonite y Centro) se encuentran bajo control de grupos armados. Esto supone una dificultad adicional para la organización del proceso electoral, debido a que las oficinas electorales departamentales (BED), equivalentes a las juntas electorales municipales en República Dominicana, se ubican en esos lugares.
Un comunicado emitido el 12 de septiembre por el Consejo Electoral Provisional (CEP) establece que, para varias circunscripciones electorales de Puerto Príncipe y localidades como Carrefour, Gressier, Kenscoff, Cabaret, Cornillon/Grand-Bois, Croix-des-Bouquets, Fonds-Verrettes, Ganthier y Thomazeau, los documentos serán recibidos, bajo reserva, en el BED Ouest I.
Para las candidaturas a la Cámara de Diputados y a las colectividades territoriales de Grande-Saline, La Chapelle, Liancourt, Marchand-Dessalines, Montrouis y Petite-Rivière, entre otras localidades de Artibonite, así como para Mirebalais y Saut-d’Eau, los trámites deberán realizarse en el BED del Centro.
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Tan solo Croix-des-Bouquets, Ganthier y Thomazeau, por ejemplo, son controladas por el grupo 400 Mawozo, dirigido por Lanmò San Jou, en la entrada norte de Puerto Príncipe.
A esto se suma el desplazamiento interno. Organizaciones internacionales señalan que en mayo, cerca de 1.47 millones de personas estaban desplazadas dentro de Haití, más de la mitad de ellas niños.
La ONU también denunció que en la Llanura del Cul-de-Sac y en Ciudad Soleil, en la capital, pandillas rivales protagonizaron enfrentamientos por el control territorial y de ingresos ilícitos.
“Los combates dejaron 463 muertos, mientras cientos de personas resultaron heridas o violadas. Más de 18,000 residentes huyeron de sus hogares y los servicios de salud y educación fueron suspendidos”.
Incertidumbre institucional
El CEP se encuentra en una fase avanzada del proceso. Ya se iniciaron etapas como la acreditación de los partidos políticos, la inscripción de electores y la preparación de los miembros de los centros de votación.
Pero persisten cuestionamientos al marco electoral. Varias entidades reclaman modificaciones y cuestionan, entre otros aspectos, el requisito de contar con al menos 30 miembros para registrar una organización política.
“El consejo electoral, recientemente renovado, también se mostró favorable a ciertos ajustes del decreto electoral. Tales cambios no serían irrelevantes para el calendario establecido. A esta incertidumbre institucional se suma la cuestión de la seguridad”, explica Yves Manuel, periodista y director de información de Scoop FM.
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La incertidumbre aumentó con el cambio en la dirección del CEP. Peterson Pierre-Louis sustituyó a Jacques Desrosiers como presidente del organismo, a poco más de tres meses de la primera vuelta. El cambio lo acordaron los propios consejeros electorales, el ocho de septiembre.
Advertencia de la OEA
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió que existe “cierto grado de connivencia” entre políticos y bandas armadas en Haití y que esos vínculos pueden poner en riesgo la credibilidad de las próximas elecciones.
Milo Milfort, fundador de Enquet’Action, señala otro elemento de preocupación: la posible participación de personas sancionadas por miembros de la comunidad internacional o por la ONU.
“Habrá personas o personalidades sancionadas por sus presuntos vínculos con grupos armados que serán candidatos”, afirma. Considera que corresponde al CEP contar con el marco legal necesario para impedir esa situación.
Milfort también plantea la posibilidad de que algunos candidatos sean respaldados por grupos armados. Según explica, para hacer campaña en determinadas zonas controladas por pandillas, los aspirantes necesitarían su autorización.
“En Haití no es la popularidad la que determina las elecciones. Eso pertenece al pasado. Ahora hay dos cosas principales que permiten ganar: el dinero y tener grupos armados bajo control. Son el dinero y las armas los que dan el poder en Haití”, sostiene.
Prisión a cielo abierto
Entre quienes dudan de que los comicios puedan realizarse se encuentra Guytaud Petit Ton, comerciante nacido en Artibonite, una importante región agrícola del noroeste de Haití donde grupos armados matan a residentes en sus propias casas y a agricultores en sus lugares de trabajo.
“No habrá elecciones en Haití este año”, afirma. A su juicio, primero debe garantizarse la seguridad y luego sacar del poder a quienes considera «delincuentes» para colocar personas capaces, honestas y competentes.
La violencia también aumenta las dudas sobre una campaña y una votación normales. En agosto, un ataque de grupos armados en Kenscoff, en las proximidades de la capital, dejó al menos 47 muertos, según cifras de la ONU.
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Para Milo Milfort, las condiciones mínimas de seguridad difícilmente se lograrán en diciembre. “Si la población no puede circular libremente, si los candidatos no pueden ir a hacer campaña a cualquier lugar y a cualquier hora, para mí es difícil hablar de elecciones”, sostiene.
Milfort describe la región metropolitana de Puerto Príncipe como una “prisión a cielo abierto” y señala además un aumento de los secuestros, incluso de trabajadores de instituciones públicas.
¿Ayuda eficiente?
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), llamada a apoyar a la Policía Nacional de Haití, todavía enfrenta dificultades para alcanzar un despliegue pleno.
Igor Rugwiza, portavoz de la GSF, explicó a Diario Libre que la misión puede contar con hasta 5,500 tropas y 50 funcionarios civiles. Rugwiza sostiene que tratarán de desplegar la mayor cantidad posible de tropas, realizar operaciones para asegurar áreas y recuperar territorio, con el objetivo de alcanzar un nivel de seguridad que ayude a lograr los comicios.
El desafío, sin embargo, no es solo logístico. Para Yves Manuel, hacen falta condiciones mínimas que permitan a los ciudadanos votar libremente.
En este escenario, la fecha del 13 de diciembre podría resultar difícil de mantener.
Un eventual aplazamiento, plantea Manuel, no debería convertirse en una postergación indefinida, sino servir para abrir un diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, corregir las deficiencias del marco electoral, buscar un consenso político y crear las condiciones para unos comicios creíbles, inclusivos y seguros.