Amnistía Internacional (AI) pide investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2022 en Irán, en un informe difundido este miércoles, cuando se cumplen cuatro años de la muerte de la joven kurda Jina Mahsa Amini, que desencadenó el levantamiento conocido como » Mujer, Vida, Libertad«.
Amini, de 22 años, murió bajo custodia en Teherán el 16 de septiembre de 2022, después de ser detenida por la llamada ‘policía de la moral‘ por supuestamente incumplir las normas sobre el uso del velo islámico.
Su muerte desató un movimiento social que reclamaba los derechos de las mujeres y mayores libertades, y que rápidamente se extendió por todo el país.
En ‘Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán‘, de más de mil páginas, Amnistía reconstruye la cadena de mando que, asegura, estuvo detrás de la represión e identifica a 87 altos cargos que deberían ser investigados por su presunta responsabilidad criminal.
Según la ONU, al menos 551 personas, entre ellas 68 niños, perdieron la vida en esas manifestaciones.
Abusos con impunidad
En el estudio, AI documenta asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos, violaciones y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos, y denuncia una represión letal especialmente intensa contra las comunidades kurda y baluchi.
«Después de años de documentación y análisis minuciosos, nuestra conclusión es clara: las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad contra manifestantes que exigían dignidad, derechos humanos y un cambio político fundamental», afirmó la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en una rueda de prensa en Londres.
Callamard denunció que los responsables «siguen hoy al frente de la mortífera maquinaria de represión estatal», que continúa operando amparada por «una estructura de impunidad» política y judicial. Esto, dijo, quedó demostrado con «la masacre de miles de manifestantes» en otra oleada de protestas contra el Gobierno el pasado enero.
Mahsa Piraei, cuya madre Minoo Majidi fue asesinada durante las manifestaciones de 2022, señaló por su parte que dentro de Irán «no existe una ruta hacia la justicia«.
Por eso Amnistía pide a la Asamblea General de la ONU que habilite un mecanismo internacional de justicia penal que permita investigar y procesar a los culpables de los hechos.
«Para mí, la justicia es rendición de cuentas. No solo para la persona que disparó a mi madre: la responsabilidad debe llegar a la cima de la cadena de mando«, declaró la joven iraní.
La publicación del informe, uno de los más exhaustivos jamás elaborados por la organización, coincide con el actual conflicto entre Irán y los Estados Unidos e Israel, que el pasado 28 de febrero iniciaron una guerra contra la República Islámica.
Callamard advirtió de que este conflicto «ilegal» expone al pueblo iraní a nuevas «violaciones del derecho humanitario así como a crímenes de guerra«, mientras el régimen iraní «intensifica la represión interna».
«Quiero reiterar que Amnistía Internacional se opone inequívocamente a las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel y EE. UU., y rechazamos firmemente cualquier intento de instrumentalizar el sufrimiento de las víctimas iraníes de violaciones de derechos humanos para justificar ataques ilegales que causan nuevos daños a la población civil», manifestó.
