La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este jueves que el Gobierno regional de Madrid presentará inmediatamente un recurso, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la «inmediata disolución» de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la «inacción» de la Delegación del Gobierno de España.
Centenares de personas están instaladas con tiendas de campaña en la céntrica Puerta del Sol de Madrid desde el pasado 26 de septiembre, en protesta por el alto precio de la vivienda en España.
Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), hizo el anuncio sobre su recurso a los tribunales pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio a Francisco Martín, delegado del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
Argumentos legales
En el requerimiento a la Delegación del Gobierno, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es «ilegal» y «excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión«, dada la «ausencia de comunicación previa«; su «carácter permanente e indefinido»; la «alteración del orden público con peligro para personas y bienes»; y que representa «una ocupación ilegal de un espacio público».
También se quejaba de que la protesta perturba el «normal funcionamiento» de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional y la «imagen de Madrid como destino de calidad».
La presidenta aseveró que los manifestantes están «arruinando» a los comercios del entorno y reclamó que «desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias«, algo que ya se ha producido a primera hora de la mañana de este jueves, como pudo constatar EFE.
La Delegación del Gobierno emitió este jueves los acuses de recibo de los requerimientos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, en los que reiteró que se están «desarrollando las actuaciones que resultan procedentes».
El delegado insistió en que la acampada de Sol se enmarca en el derecho de reunión y pidió colaboración entre las instituciones.
Ayuso acusó también a la izquierda de usar como «señuelo» a Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desahucio la semana pasada ha puesto la crisis de la vivienda en el centro de la política española, y reclamó que la «dejen en paz».