La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental investigó lo que Gonzalo Castillo quería que se investigara y, al parecer, poco de lo revelado por El Informe con Alicia Ortega, cuando denunciamos la contratación de más de 11 mil 500 millones de pesos en hormigón asfáltico caliente para la pavimentación de miles de kilómetros durante seis meses antes de las elecciones primarias.
La minuciosa investigación que realizamos durante dos meses y presentamos en noviembre del año pasado tuvo como eje los mecanismos que utilizó el Ministerio de Obras Públicas para escoger a las empresas beneficiadas.
El Informe reveló que mediante siete procesos de compras por excepción, Obras Públicas contrató a 38 empresas que estaban preaprobadas con montos de 300 millones de pesos cada una, entre abril y septiembre del año pasado, con algunos de estos procesos pre-aprobados el mismo día en que el ministro renunció a su cargo para dedicarse a la campaña electoral.
Nuestra investigación, realizada de la mano de abogados, expertos en compras y contrataciones, indicaba que este tipo de compras era imposible realizarlas por excepción, utilizando el renglón de exclusividad, porque la ley indica que solo se aplica si hay un número limitado de oferentes y, en este caso, encontramos por lo menos 45 empresas que suplían el producto.
Pues bien, hoy la Dirección General de Ética responde mediante una carta a Castillo, publicada en la página web de la institución, sobre la solicitud que el candidato le hiciera a esa institución para que investigara las irregularidades presentadas.
Qué lamentable que solo dos de los siete puntos mencionadas por la dirección formaron parte de nuestra investigación de El Informe.
En el más importante, precisamente en lo relativo a los procesos por excepción, dice: “somos de consideración que es competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas determinar si los mismos fueron llevados según lo que establecen las normativas en la materia, añadiendo que no ha recibido la resolución solicitada a Compras y Contrataciones sobre los procesos denunciados, por tanto, corresponde dejar ese punto para que el órgano rector decida sobre el mismo”.
En su misiva, la Dirección de Ética dice que no se pudo comprobar que haya vinculación entre las empresas contratadas y Gonzalo Castillo, pero eso nunca fue afirmado por El Informe, de manera que no lo asumimos como un desmentido.
Tampoco presentamos una supuesta distracción de los 11 mil 500 millones de pesos a beneficio de la campaña electoral de ex ministro de Obras Públicas. Es otro enfoque que no nos concierne como responsables de la pieza periodística que presentamos.
La gran interrogante sigue siendo cómo Obras Públicas, meses antes de una contienda electoral, concede por exclusividad 11 mil 500 millones en hormigón asfaltico caliente, cuando la ley claramente indica que esos procesos tienen que ser licitados y las empresas beneficiadas incluían a personas allegadas a su campaña electoral.
Quedará en manos de las próximas autoridades una investigación más transparente, profesional y sobre todo revestida de ética.
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Con información de Noticiassin.com