El mayor general Adán Cáceres Silvestre, a quien el Ministerio Público le a tribuye el liderazgo del entramado de corrupción del caso Coral, se quejó de que es tratado como un criminal de alta peligrosidad o como un terrorista, al que se le violan sus derechos fundamentales y de defensa.

“Se nos han desconocido derechos fundamentales y se nos trata como un criminal de alta peligrosidad o a un terrorista que no merece la mínima consideración de quienes deberían tutelar derechos, porque hasta prueba de lo contrario somos totalmente inocente y así lo probaremos”, dice el imputado en una nota a la que tuvo acceso El Nacional.

La defensa del mayor general Adán Cáceres sostiene que las violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales a Cáceres Silvestre harán colapsar la Operación Coral y que al final solo perderá la noble lucha contra la corrupción que quedará desacreditada.

Los abogados de Cáceres sostienen que para el arresto de su defendido se invocó la existencia de una orden de arresto que nunca fue entregada ni al detenido ni a sus representantes legales, en desconocimiento y violación a lo previsto por la ley, lo que a su juicio constituye una violación al debido proceso.

La defensa técnica denunció que Cáceres Silvestre se le ha impedido tener contacto con sus abogados, en franca violación a la ley que dispone que desde el primer momento de su detención una persona tiene derecho a ser asistido por sus medios de defensa.

Los representantes legales del exJefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) adujeron que luego de mucho insistir fue que les permitieron verlo y conversar con él, aunque sin la estricta confidencialidad que establece la ley, sino con la permanente presencia de personal adscrito a la fiscalía.

Señalaron que la limitación de los derechos se su defendido de reunirse con sus abogados le impidió analizar los cientos de documentos entregados de manera digital por el MP como supuestas pruebas, y preparar los medios de defensa frente a la medida de coerción solicitada en su contra.

Explicaron que en los próximos días la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional deberá avocarse a conocer del recurso en el que se recurre la prisión preventiva impuesta como medida de coerción.

Señalaron que Adán Cáceres ofreció documentos que prueban el origen de su patrimonio y el Ministerio Público rechazó recibirlos, lo cual según ellos, es insólito en un proceso en el que lo que se busca es exactamente que el acusado pruebe la forma en la que adquirió los bienes que posee.

Calificaron de absurdo que el Ministerio Público afirmara que el resultado del desfalco al Estado dominicano supuestamente cometido por Adán Cáceres mientras fungió como Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en el período 2012-2020, suma tres mil millones de pesos.

Precisaron que todo el tiempo su defendido manifestó que no tenía razones para ocultar nada y que podía explicar cualquier duda que existiere en torno al hecho de que se le acusaba.

Indicaron que no obstante la colaboración de Adán Cáceres en las investigaciones y las satisfactorias explicaciones reconocidas por los miembros del MP que lo cuestionaban, unas horas después de iniciada la segunda entrevista, este fue detenido en el propio despacho de Yeni Berenice. (Elnacional.com.do)