Dentro de los involucrados en el fraude masivo contra las tarjetas del programa social Supérate figura una pastora, quien es propietaria del Colmado Juana, ubicado en el distrito municipal La Victoria. 

Se trata de Juana Felicia Guillén, a quien en su colmado, las autoridades calcularon que desde allí se hicieron 632 transacciones por más de un millón de pesos. 

Tras Diario Libre conversar con una de las personas que atiende su negocio, esta confirmó que la pastora no tiene nada que ver con el entramado criminal que sustrajo fondos de estos subsidios gubernamentales.

Según comentó, la propietaria del colmado tenía arrendado el negocio y ocho días antes del allanamiento se lo entregaron. Supuestamente al momento de retomar la administración del negocio, se dio cuenta de que algo no andaba bien con las transacciones realizadas en el verifone, pero nunca lo denunció. 

«Ella sabía que esto venía», sostuvo. 

Tanto familiares como vecinos de la pastora Juana Felicia Guillén aseguran que ella es inocente de los cargos que se le imputa y están confiados de que la justicia hará su trabajo. 

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Suman unos 300 millones las estafas con Supérate en menos de dos años

En menos de dos años, los fraudes cometidos contra los beneficiarios del programa gubernamental de auxilio social Supérate, sea con la clonación de tarjetas o usos no autorizados de la cédula de identidad, superan los 300 millones de pesos.

El dato lo ofreció la consultora jurídica de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Solange Rodríguez, quien asegura que esa entidad ha presentado denuncias formales contra 56 colmados por esos fraudes.

Más de 100 millones corresponden a la estafa realizada en febrero pasado que afectó a unos 30,000 beneficiarios y por el que al menos a seis personas se le solicitó medida de coerción por parte de la Fiscalía de Santo Domingo Este. 

Solo a esas seis personas se le calculan transacciones por orden de los 14 millones de pesos, realizadas entre el 18 y 20 de febrero, algunas de ellas en horas de la madrugada, pese a los acuerdos arribados con las instituciones de intermediación financiera para no aprobar las mismas entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

Sin embargo, Rodríguez dice que no han logrado establecer un monto fijo de todas las operaciones fraudulentas debido a que las denuncias de los afectados llegan constantemente, además de que no siempre logran identificar a los negocios envueltos o conseguir los recibos de las transacciones.

Las investigaciones, que se denominan como el caso Solidaridad 3.0, datan desde principio de 2020, cuando la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, alertó sobre un fraude con la tarjeta Progresando con Solidaridad (hoy Supérate). Desde entonces, y sin lo ocurrido en febrero, calculan estafas por un monto de 200 millones de pesos.

A la fecha unas 40 personas, entre dueños de colmados y clonadores de tarjetas, en su mayoría jóvenes de clase media de distintas partes del país, han sido sometidos.