La deuda por el uso de un local que acogía al personal médico del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en el municipio de La Vega desató un conflicto entre el propietario del establecimiento y el Servicio Nacional de Salud (SNS), cuya institución tiene a su cargo la cobertura de esos gastos.

En conversación con Diario Libre, el empresario Ramón García aclaró que el atraso del SNS por concepto de alquiler es de cuatro meses.

Según dice, por esa deuda decidió solicitar de manera amigable el espacio, ubicado en la avenida Pedro A. Rivera en La Vega.

“Ellos sí deben dinero, por eso fue que se les pidió el local”, explicó García.

Agregó que desde noviembre del 2020, desde la institución sanitaria venían acumulando dos y tres meses de atraso en los pagos.

Ramón García habló con Diario Libre luego de que el Servicio Nacional de Salud publicara en su cuenta de Twitter que la mensualidad por el uso de establecimiento está al día hasta enero. 

El mensaje indica que el SNS “tienen un libramiento procesado en espera de la certificación del propietario que avale el pago de sus impuestos, como está establecido para proceder al pago de febrero”.

Tras el desalojo, los paramédicos fueron instalados de manera provisional en un salón de la sede del Ministerio de Agricultura en La Vega.

Posición del 9-1-1

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 dijo lamentar la situación. 

A través de un comunicado, la entidad responde luego de que se publicara el desalojo de un local en el que laboraba personal del Servicio Nacional de Salud asignado a su Dirección de Emergencias Médicas.

El 9-1-1 aclaró que como ente coordinador de las instituciones de respuesta que lo integran, solo tiene dos únicos locales para la recepción de las llamadas y despacho de las emergencias, estratégicamente ubicados en Santo Domingo y en Santiago

Agregó que está compuesta por dos Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP Public-Safety Answering Point), donde es recibida y gestionada la respuesta a las emergencias de los ciudadanos y ciudadanas.