Los imputados del caso Medusa, Alfredo Solano y Javier Forteza Ibarra, durante la audiencia de resolución de peticiones llevada a cabo este jueves en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lograron que la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz acogiera su petición para que el Ministerio Público le entregue documentación pendiente desde que se le impuso medidas de coerción en julio pasado.
«En esta audiencia de solicitud de peticiones hemos hecho algunas solicitudes de diligencia al Ministerio Público, pues todavía no han tenido respuesta, y la norma establece venir al juez de control», dijo la abogada Marisol García, representante de Forteza Ibarra.
De su lado, la barra de defensa del encartado Alfredo Solano, Juan de Dios Hiraldo y Daniel Arias Abad, indicaron que la lectura de la decisión es el próximo cuatro de mayo y que a partir de ahí el Ministerio Público tendrá 20 días para la entrega de los documentos requeridos con relación a su expediente acusatorio.
De igual forma, se le concedió al señalado estar más tiempo con sus abogados y acceder a información y pruebas en poder de la Contraloría General de República, de la Junta Central Electoral, la Superintendencia de Bancos, entre otros.
De acuerdo con los juristas, estas solicitudes fueron acogidas, al igual que un mejor acceso a medios electrónicos para poder instrumentar mejor su defensa material.
El Ministerio Público
«Nosotros informamos al tribunal que en ambos casos habíamos iniciado un proceso de entrega de documentación solicitada y el tribunal lo ha reconocido, pidiendo que esa entrega continúe», precisó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Asimismo, dijo que el Ministerio Público siempre que se le solicita información, en más o menos tiempo responde.
«Nosotros somos guardianes del debido proceso, y nos interesa que la defensa esté en condiciones de hechar el pleito», sostuvo Camacho.
El expediente del caso Medusa señala que los encartados integraban una red criminal de corrupción que estafó al Estado con más de 6,000 millones de pesos y que operó desde la Procuraduría General de la República que encabezó el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien también está preso.
Alfredo Alexander Solano, que cumple prisión domiciliaria, fue subdirectores administrativos de la Procuraduría y Javier Alejandro Forteza Ibarra, preso en Najayo, fue director de Tecnología de la Información y la Comunicación.