El Gobierno de Chile aplicará el estado de emergencia en la Macrozona Sur mediante decreto presidencial ante la falta de consenso para llevar a cabo una reforma constitucional con el objetivo de reforzar el cuerpo policial en la zona.
Este “estado intermedio”, propuesto por el Ejecutivo, presidido por Gabriel Boric, permitiría a los militares chilenos «resguardar rutas y caminos» para hacer frente a la situación de violencia en La Araucanía, la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuche.
Tal y como ha recordado Radio Cooperativa, el despliegue de militares en tareas de seguridad ha sido tradicionalmente rechazado por los partidos que integran Apruebo Dignidad, que repetidamente se han manifestado contra «la militarización de La Araucanía».
Boric, siendo diputado, votó contra la prórroga del estado de excepción decretado por el expresidente Sebastián Piñera. Tras ser, investido presidente, en una de sus primeras grandes decisiones, optó por no renovarla, según el citado medio.
Sin embargo, pese a esta decisión, el actual mandatario chileno se cuestionó hace dos semanas los resultados de los consecutivos estados de emergencia en la zona y aseguró que «en los últimos cuatro años se han más que triplicado los hechos de violencia«.
Tal y como ha recogido el diario ‘La Tercera’, esta decisión se ha comunicado a los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático –que conforman la coalición que gobierna en Chile— en una reunión del comité político ampliado, y será publicada por la ministra del Interior, Izkia Siches, desde La Moneda.
La titular de Defensa, Maya Fernández, ya había alertado a La Moneda sobre la incomodidad de las Fuerzas Armadas ante la opción de asumir labores de control público, en el marco, además, del poco respaldo jurídico, así como político, para actuar, según ha recogido el citado medio.
Horas antes, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ha asegurado que están trabajando con distintos ministerios para ofrecer «soluciones de fondo» por los hechos de violencia que se viven en la zona mapuche, según ha informado el diario BíoBío Chile, donde los indígenas exigen la devolución de sus tierras ancestrales y denuncian un hostigamiento por parte del Gobierno chileno.
Las autoridades -durante el mandato de expresidente chileno Sebastián Piñera- han negado en repetidas ocasiones estas acusaciones y, por el contrario, han apuntado a los nativos como los responsables de numerosos incidentes violentos en la zona, como ataques a fincas y a sus propietarios.