La Policía Nacional de Perú (PNP) emitió una alerta roja, orden internacional utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición, contra el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y un sobrino del mandatario Pedro Castillo, anunció este martes esa institución.
«Hay una disposición desde el ordenamiento judicial de su ubicación y captura. Ya a nivel internacional se ha sacado la alerta roja de estas personas que están siendo buscadas», sostuvo el comandante general de la PNP, general Vicente Tiburcio, según recoge la emisora RPP.
Tiburcio señaló que esta alerta se da en cumplimiento del «mandato constitucional» de la Policía que, aseguró, es «respetuosa» de todas las instituciones.
«Nosotros tenemos un mandato constitucional y ese mandato constitucional lo tenemos que cumplir. Nuestros policías están preparados para ello, más aún, respetuosos de todas las instituciones», declaró el comandante.
El exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el sobrino de Castillo Fray Vásquez se encuentran prófugos de la Justicia mientras están siendo investigados por, presuntamente, haber tenido injerencia indebida en la designación de funcionarios de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Recientemente, el Poder Judicial confirmó la orden de prisión preventiva por 24 meses contra Pacheco y Vásquez en el marco de las pesquisas fiscales que se les siguen por presunta corrupción en la licitación de Provías para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
Según la Fiscalía, el Consorcio Puente Tarata III presuntamente fue favorecido en esta licitación a pesar de no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.
En su acusación, el Ministerio Público consideró las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien comprometió al presidente y personas cercanas a su entorno en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
La aspirante a colaboradora de la Justicia, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en Perú, dijo que Castillo buscaba usar ese dinero para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral del año pasado, en la que derrotó a la derechista Keiko Fujimori.
Castillo rechazó «tajantemente» estas acusaciones y las vinculó a un supuesto plan de un sector de la oposición política para intentar sacarlo del poder. EFE