La polémica con el software Pegasus ha llegado al Congreso y el Gobierno ha anunciado un par de medidas. Dos reformas que intentarán evitar un nuevo escándalo, pero que no parecen haber acallado las críticas del resto de partidos políticos.
El discurso de Pedro Sánchez ha girado alrededor de intentar desvincularse de las «decisiones operativas» del CNI, al tiempo que se ha justificado explicando que se ha abierto una investigación interna y darán respuesta ante la Justicia. Una de las palabras más repetidas ha sido la de transparencia, pero cuando se trata de explicar las medidas, todo ha sido muy poco claro.
Reforma del CNI. La primera medida es una reforma legislativa para reforzar el control del servicio de inteligencia. No queda claro cómo se reforzará este control, más allá de intentar que haya más recursos para los jueces del Supremo. Si bien, no se trata de un problema de transparencia, sino de acciones que al considerarse secretas no llegan a pasar delante de los jueces.
El Gobierno aumentará el presupuesto del CNI, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, con la idea de «reforzar las garantías de control». Pese a que Sánchez defiende que el sistema de España es «incluso más garantista» que otros países.
Nueva Ley de Secretos Oficiales, donde la actual es de 1968. El segundo punto es que el Gobierno ha anunciado una nueva Ley de Secretos Oficiales. La actual es de 1968 y es la ley en la que el CNI se ampara para no verse obligado a dar explicaciones, salvo que lo exija un juez.
La actual ley impide a las autoridades, incluida la ministra de Defensa Margarita Robles, a poder dar detalles o facilitar datos que «puedan conducir indirectamente al conocimiento de las fuentes, medios, organización y estructura interna» del CNI». Sin embargo, de nuevo no se han comunicado qué cambios quieren introducirse en esta ley, por lo que a priori estamos igual. Según ha explicado Sánchez, esta nueva ley de información clasificada estará «adaptada a los estándares internacionales».
«En la práctica, no va a cambiar nada». Para algunos expertos como Carlos Sanchez Almeida, Director legal de la Plataforma por la libertad de información (PLI), estas medidas son la «nada absoluta». El abogado explica que «en la práctica, no va a pasar nada. Los magistrados del Supremo seguirán siendo los custodios de los secretos del Estado Profundo».
Imagen | Eva Ercolanese
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La noticia
El Gobierno ha anunciado dos reformas para atajar Pegasus. Ambas son un brindis al sol
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Enrique Pérez
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