La aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia Matías Ramón Mella ha generado el rechazo de diferentes sectores del ámbito nacional.

Al respecto, el urbanista y arquitecto Marcos Barinas Uribe consideró que las argumentaciones para crear la provincia Matías Ramón Mella no son contundentes y que es necesario estudiar más a profundidad esa posibilidad.

Considera que esa iniciativa debería ser parte de un plan de ordenamiento territorial y que “hasta ahora aparenta ser una intención de carácter electoral”.

A su entender, la cantidad de personas que habitan en una demarcación no determina la necesidad de aumentar la cantidad de provincias. 

“Antes de hablar de la creación de una provincia Matías Mella dentro del Gran Santo Domingo es necesario analizar si la demarcación propuesta cumple con ciertos requisitos económicos, sociales y ambientales que no afecten la cohesión territorial de la ciudad”, analizó. 

Considera: “La descentralización de servicios es una aspiración que debe ocurrir en toda demarcación… crear una provincia porque los ciudadanos de determinado municipio no acceden a determinado servicio no es una razón contundente para esto”. 

Insistió en que existen justificaciones vinculadas al desarrollo, la cultura y la capacidad económica que pueden apoyar una iniciativa como esa, de las que cree carece esa pieza.

Otros sectores se han opuesto a la creación de la provincia Matías Ramón Mella, entre los que figura la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) que la consideró inoportuna porque presionará el gasto público. Servio Tulio Castaños Guzmán favorece priorizar objetivos estratégicos de desarrollo y de ordenamiento territorial. También, varios senadores han mostrado su oposición a esa iniciativa. 

El pasado martes la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas ese proyecto, el cual debe ser conocido y sancionado en el Senado.

Un nuevo senador y 167 cargos que ya existen

La nueva provincia generaría un nuevo senador o senadora, además de 167 cargos congresionales y municipales que ya existen.  Esto es en el caso de la Junta Central Electoral (JCE) deje establecida la misma distribución de cargos de acuerdo con la población a representar, que realizó a través de la Resolución No. 04-2019, con miras a las pasadas elecciones del año 2020. La decisión conforme a lo que establece el artículo 81, de la Constitución.

La Constitución, en el artículo 81 establece que deberán escogerse 178 diputados por el Distrito Nacional y las provincias distribuidos en proporción de la densidad poblacional; cinco diputados son elegidos por acumulación de votos y siete, en representación de la comunidad dominicana en el exterior.

También, tendría que modificarse la ley No. 176-07 sobre los Municipios y el Distrito Nacional que establece en el artículo 35 que la composición del Concejo Municipal se haría con base en varias escalas con respecto a la cantidad de habitantes.

La nueva provincia tendría un senador o senadora; 22 diputados, cuatro alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes; 54 regidores e igual cantidad de suplentes; cinco directores e igual número de subdirectores y 19 vocales. 

La redistribución de los cargos actuales hacia la nueva provincia seria a razón de siete diputados por el municipio Santo Domingo Oeste (circunscripción no. 4); seis por Pedro Brand y Los Alcarrizos (circunscripción No. 5) y nueve por el municipio Santo Domingo Este (circunscripción no. 6). Ahora, la provincia Santo Domingo tiene un total de 316 cargos electivos; de los cuales encabeza la lista un senador; le siguen 43 diputados; siete alcaldes y siete vice alcaldes; 105 regidores y 105 suplentes; ocho directores y ocho subdirectores y 32 vocales.

Según las más recientes proyecciones de la población realizadas por la Oficina Nacional de Estadística para el 2020 Santo Domingo Oeste, que fungiría como municipio cabecera de la nueva provincia; tiene 444,681 habitantes; Santo Domingo Norte, 647,894 habitantes; Los Alcarrizos y Pedro Brand, 424,420 habitantes. 

Además, de los cargos electivos tendrían que ser designados cargos nuevos como el de la gobernadora provincial y los directores regionales de las instituciones que instalen sus oficinas en esa demarcación.