El incremento en los costos de operación de las actividades productivas en la capital de la república, consecuencia de procesos tales como el crecimiento del tiempo perdido en el traslado de carga y empleados, el impacto de la delincuencia sobre individuos y negocios, y la reducción del caudal de agua potable disponible por persona, incide sobre la productividad neta del trabajador. La necesidad de contrarrestar esos problemas, implica gastos que no contribuyen a aumentar la capacidad productiva ni a mejorar el nivel de vida de la población. El PIB, sin embargo, registra esas respuestas en áreas como transporte, seguridad, limpieza y extracción de agua, como parte de la generación de bienes y servicios, lo que acentúa la progresiva desconexión entre su nivel y el estándar efectivo de vida.

Para reducir el efecto de dicho incremento en los costos, las empresas recurren a mano de obra poco calificada, tratan así de sistematizar sus operaciones a fin de disminuir la contratación de personal más costoso. Los empleos de mayor calidad son subcontratados o relocalizados, y queda una proporción creciente de trabajos de baja remuneración susceptibles de ser desempeñados por mano de obra extranjera, frecuentemente indocumentada. La clase media se ve forzada a emigrar debido a la falta de oportunidades atractivas.

El incremento en los costos provoca también que como vía para subsistir, las actividades productivas se muevan hacia el sector informal, a fin de liberarse de cargas sociales, administrativas y tributarias vinculadas con la formalidad. El sistema social se hace, por lo tanto, más frágil y desigual, y se eleva la exposición de las familias a contingencias imprevistas. Y las perspectivas para el futuro adquieren tonalidades de desesperanza y frustración, que promueven el descontento y la propensión a la violencia.

Es obvio que el incremento en los costos no es el responsable único de que esa situación exista, pero es un importante factor agravante.