El Gobierno español aprobó este lunes la ley trans, que permite el cambio de sexo en el Registro sin informes médicos ni psicológicos, pero que deberá pasar por el Congreso de los Diputados para su tramitación final.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero, expuso en rueda de prensa hoy este proyecto de ley que no incluye grandes cambios respecto al texto inicial y mantiene el derecho al cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los 12 años y con determinadas condiciones desde los 16 de forma autónoma.

Además, los menores de 12 años podrán cambiar de nombre en el DNI y ser tratados en el centro escolar conforme al nombre elegido.

«Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad lo llevamos en segunda vuelta, la ley trans llega al Congreso antes del verano como nos habíamos comprometido», dijo la ministra española, que insistió en que cada una de las vidas de las personas trans y LGTBI importan.

La ley, aprobada en la víspera del Día del Orgullo LGTBI, reconoce el derecho a libre determinación de la identidad de género, despatologiza a las personas trans, y, en definitiva, «les reconoce el derecho a ser quien son sin que medien testigos».

El proceso para el cambio de nombre y sexo, explicó la ministra española de Igualdad, Irene Montero, durará un máximo de cuatro meses, igual que en el anteproyecto, de forma que las personas trans tendrán que rellenar un formulario en el Registro Civil para indicar la disconformidad con el sexo asignado al nacer y solicitar el cambio.

A los tres meses, tendrá que volver al Registro para ratificar esa decisión y en el plazo máximo de un mes el Registro deberá dictar la resolución efectiva.

Y en ese periodo máximo las personas trans podrán ser reconocidas por las Administraciones «por lo que son, sin miedo, sin culpa».

Montero insistió en que con la ley se manda un mensaje «claro y contundente» de que España siempre contará con el colectivo -nunca un país sin vosotros, dijo- e hizo hincapié en que «de nuevo estamos a la vanguardia» y somos «una referencia internacional» en defensa de las personas LGTBI.

Una de las novedades del proyecto es en lo referente a las personas migrantes trans, que podrán cambiar sus documentos en España si en su país no tiene garantizado sus derechos como persona trans.

Asimismo, reconoce una «amplia batería de derechos» como la prohibición de las terapias de conversión, porque las vidas LGTBI «no necesitan ninguna cura», y el derecho de las mujeres bisexuales y lesbianas a filiar hijos sin necesidad de estar casadas.

«España es un país muy orgulloso de su diversidad», incidió Montero, quien utilizó en varias ocasiones la terminología inclusiva trans hablando de todos, todas y todes.

Montero recordó que la ley incluye sanciones que van de los 200 hasta los 150.000 euros.

Y agradeció a los colectivos porque «gracias a ellos estamos aquí hoy», así como al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y a los ministros que se manifestaron a favor de la mejora del texto.