La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez expresó este lunes que la auditoría de la Cámara de Cuentas no señala soborno ni sobrevaloración en la ejecución del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario implementado por éste durante su gestión.

Los abogados calificaron de “insólito” y “violatorio” que la prensa tenga el informe de la Cámara de Cuentas primero que el imputado, «lo que constituye una violación a las leyes».

“No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley. Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y peor aún, antes de que en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial como establece la ley”, indicó el abogado Carlos Balcácer en una nota de prensa. 

Los juristas puntualizaron que «la Cámara de Cuentas en violación al debido proceso y en desacato de una resolución judicial», desconoció la petición de Jean Alain Rodríguez sobre «el acompañamiento de un perito que pudiera validar juntamente con los auditores de dicho órgano sobre los supuestos hallazgos e incumplimientos».

Sin embargo, el 14 de junio pasado, la defensa del exprocurador informó a la prensa que el informe de la auditoría al Plan de Humanización de Cárceles no habría podido determinar ni sobornos ni sobrevaluaciones. 

“Nuestro cliente tiene como justificar cada peso que la ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie”, explicó Francisco Franco en el comunicado.

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La defensa del exprocurador reitera que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se hizo en virtud de que la Constitución de la República (…). Sin embargo, alega que la publicación de dicho informe «no solo viola los derechos y garantías procesales, sino que es nulo de pleno derecho de actos de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Sobre los Derechos de las Personas y sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No. 107-13». 

Los abogados recordaron que en enero del 2021, la Procuraduría allanó las instalaciones de la Cámara de Cuentas, sustrayendo miles de documentos oficiales declarando haber encontrado pruebas de supuestos delitos de corrupción administrativa, pero “a la fecha no se conoce ningún tipo de investigación al respecto, ni se da cuenta de documentos faltantes resultado de dicho allanamiento”.