Será sometido a la justicia el propietario de una granja porcina al que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente (Proedemaren) acusa de contaminar el río Jamao al Norte, ubicado en la provincia Espaillat.
En un documento de prensa, Proedemaren indica que el empresario, identificado como Luis Manuel Brache Guzmán, incumplió unos acuerdos en los cuales se comprometía a descontinuar la práctica de contaminación al río.
El Ministerio Público informó que presentará la acusación formal ante el juez competente.
Milagros García Grullón, procuradora fiscal de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Espaillat, sostuvo que “acorde a como establece el artículo 37 del Código Procesal Penal, una vez haya el acuerdo y no se haya cumplido, el proceso va a continuar como si no se hubiera pactado nada”.
La representante del órgano fiscalizador de delitos contra el medio ambiente explica que han recibido denuncias y también han realizado un nuevo estudio técnico que evidencia contaminación en las aguas del río, en las inmediaciones de la granja.
La Proedemaren especificó que luego de denuncias comunitarias y de organizaciones que luchan por la preservación del medio ambiente, además de tres allanamientos al lugar y los correspondientes informes técnicos, el Ministerio Público conminó a Brache Guzmán a la firma de un acta compromiso, a fin de que acatara las indicaciones de detener la contaminación de las fuentes de agua del lugar y de las laderas de la montaña donde se ubica su Proyecto LB, una extensión de cuatro mil tareas de tierra.
El parte de prensa indica que, de manera específica, en el acta de fecha 17 de mayo de 2019, el empresario se comprometía a la eliminación de todas las tuberías que drenan agua por debajo de la laguna de descarga, además de realizar operativos de limpieza y recogidas de plásticos y materiales peligrosos.
Asimismo, se le ordenó construir una cámara de descomposición de material orgánico, que incluye restos de cerdos sacrificados y placentas de hembras paridoras.
Durante las inspecciones de entonces, esta área especializada del Ministerio Público también detectó manejo inadecuado de materiales como jeringas y frascos de productos.
Debido al alto impacto de estas prácticas en el entorno y en las comunidades circundantes, parte del acuerdo incluía que la granja gestionara ante el Ministerio de Medio Ambiente la asignación de una empresa prestadora de servicios de medición de la calidad de aguas residuales salientes del proceso biodigestor hacia la cañada.