(CNN Español) — El Ministerio Público de Perú informó este miércoles que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dejó sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente del país, Pedro Castillo, por el presunto delito contra la administración pública-tráfico de influencias en calidad de autor.
En su cuenta de Twitter, la institución agregó que se dispone a iniciar investigación preliminar contra el mandatario y que es citado a declarar el 4 de agosto en el caso que investiga una supuesta injerencia en los ascensos militares.
Cuando la Fiscalía había anunciado la apertura de la indagación el 4 de enero, aclaró que el inicio de los actos de investigación quedaría suspendido hasta que el presidente finalizara su mandato ya que goza de “inmunidad absoluta”.
CNN se comunicó con el Palacio de Gobierno para obtener un comentario a este anuncio. Respondiendo a medios, el abogado del presidente, Benji Espinoza, dijo que presentará un recurso de nulidad.
En diciembre de 2021, Castillo recibió a representantes de la Fiscalía y respondió sobre el caso en calidad de testigo. En aquel entonces publicó en su cuenta de Twitter: “Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada; tenemos la conciencia limpia, actuamos conforme a ley y los compromisos asumidos con el pueblo”.
El anuncio de este miércoles de la Fiscalía es en la misma línea de su extitular interino Pablo Sánchez, quien abrió una investigación contra Castillo el 29 de mayo y se convirtió en el primer presidente en funciones de Perú en ser investigado.
En aquel momento, el ente acusador sustentó la decisión en que, si bien el presidente de la República goza de una mayor protección en comparación con cualquier otro funcionario del Estado, «no obstante en un caso como el presente, en el cual existen serios indicios de que el presidente de la República estaría involucrado en graves delitos de corrupción y sería líder de organización criminal, dicha prerrogativa constitucional debe ser compatibilizada con la obligación también constitucional del Estado de perseguir el delito».
El mandatario ha negado estar involucrado en actos de corrupción y afirmó que colaborará con la Fiscalía.
Jimena de la Quintana colaboró con este informe.