El Sindicato español de inquilinos llamó este viernes a que el gobierno central y los partidos de la oposición estén «a la altura» y aprueben un nuevo decreto para frenar la crisis de acceso a la vivienda que golpea al país.
Su petición llega en plena conmoción por el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que tuvo que dejar el piso de Madrid donde residía desde hacía siete décadas después de que la empresa de inversión que lo compró pretendiera subirle inicialmente el alquiler de 500 a 2,650 euros mensuales.
Su imagen siendo sacada del apartamento en camilla por la comitiva judicial el miércoles, mientras numerosos manifestantes le daban su apoyo en la calle, desató una ola de indignación en España.
El punto de inflexión: la anciana de 87 años
«Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando», agradeció desde el hospital donde recibia cuidados, en un video publicado el viernes por el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid.
«Todo el país ha podido ver que la especulación rentista no tiene piedad con nadie», aseguró Alicia del Río, portavoz del sindicato en rueda de prensa.
El caso de Maricarmen Abascal «se ha convertido en un punto de inflexión», agregó.
«Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país?», lanzó.
Por ello, el sindicato enviará «hoy mismo» un «Decreto Maricarmen» al gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, con la petición de que sea aprobado en el próximo consejo de ministros el martes.
Entre sus principales medidas, explicaron, figura «la renovación automática de los contratos» de alquiler.
Los primeros contactos con grupos políticos del fragmentado Parlamento español fueron positivos, indicó otra de las portavoces del sindicato, Carme Arcarazo.
«Están entendiendo que el momento es otro», afirmó, antes de lanzar una advertencia al ejecutivo de izquierdas, que enfrenta una creciente presión, incluso de sus partidarios, por este tema, a menos de un año de las elecciones legislativas.
«O el Gobierno toma medidas o se está acabando su propia tumba», aseguró Arcarazo.
El caso de Abascal ha puesto rostro a la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos «buitre».