El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió el martes a la Asamblea Legislativa que apruebe una cuarta prórroga del régimen de excepción para continuar combatiendo a las maras o pandillas a las que ahora persiguen en las áreas rurales donde se han refugiado en improvisados campamentos.

“Hemos venido nuevamente para solicitar una nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días más. Los resultados que estamos dando como Gabinete de Seguridad están a la vista. Vamos a mantener firmes las estrategias”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud al Congreso.

Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

El régimen fue prorrogado por última vez el 22 de junio y entró en vigencia dos días después. Su fin está fijado para el próximo 24 de julio.

Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 46.694 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas.

Villatoro aseguró que la captura de miles de pandilleros que por décadas han tenido sometidos a los salvadoreños ha logrado reducir los índices de homicidios, extorsiones, tenencia de armas y drogas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.

Mientras las autoridades de seguridad solicitaban extender el régimen de excepción, cientos de personas marcharon hacia Casa Presidencial para exigir la libertad de sus familiares y derogar la media. Fuerzas de choque de la policía montaron barricadas con alambre de púas y les cortaron el avance. No se registraron mayores problemas.

El ministro de Seguridad también desestimó las denuncias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los familiares de los detenidos. “Está claro que la oposición quiere seguir generando el cuento de que hay capturas arbitrarias, que pobrecitos, que donde están los derechos de los pandilleros y sabemos muy bien de dónde viene este tipo de financiamiento. Vamos a seguir con la valentía del presidente Bukele combatiendo a estos delincuentes”, afirmó.

Villatoro dijo que las pandillas “dejaron sus sitios donde vendían sus drogas en las ciudades y han migrado al área rural y a este momento son más de 104 campamentos clandestinos desmantelados”.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto en el caso que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas.