El presidente colombiano Gustavo Petro renovó el viernes la cúpula militar y policial con la que planea desarrollar una nueva política de seguridad enfocada en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en el país, donde aún persisten los grupos armados ilegales.

Además de buscar la disminución de la violencia y la criminalidad, Petro le encomendó a la nueva cúpula “garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas, como en toda democracia debe ser”.

Petro, quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19, dijo a la prensa que durante la selección de los candidatos estudiaron si tenían vinculaciones judiciales y denuncias de la ciudadanía.

Tanto la Policía como el Ejército han enfrentado cuestionamientos por presunto uso excesivo de la fuerza y errores operativos en los que civiles resultaron lesionados. La ONU verificó que 28 de las 46 muertes que se registraron durante las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2021, fueron presunta responsabilidad de policías.

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares es el general Helder Giraldo Bonilla, quien fuera el inspector general del Ejército y un experto en Derecho Internacional Humanitario.

El comandante del Ejército será el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien hasta ahora dirigía la Escuela Superior de Guerra, máxima instancia de educación militar, y ha cursado estudios en derechos humanos. Se ha desempeñado como comandante en Atlántico y Magdalena, al norte del país, y en Bogotá.

La policía quedará al mando del general Henry Armando Sanabria con experiencia en la Dirección de Policía Judicial e Investigación y en acciones contra el crimen organizado en la Dirección de Inteligencia.

Petro, recién juramentado y primer mandatario de izquierda en el país, aspira a reformar la policía, para que ya no dependa del Ministerio de Defensa y quede bajo jurisdicción del Ministerio de Interior o de un nuevo Ministerio de la Paz y la Seguridad.

Esa transición estará liderada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, un abogado con una larga trayectoria en la investigación de la corrupción que presidió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.