En Contrataciones Públicas se asignó combustible de más

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Una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), durante el periodo 2017-2020, encontró debilidades en el manejo de los reportes de contabilidad y financieros, así como asignaciones de combustible por un monto mayor al correspondiente.

La investigación incluye parte del periodo en que Yokasta Guzmán estuvo al frente de Contrataciones Públicas.

En el informe de la auditoría, que se publicó ayer, se indica que funcionarios de la DGCP, incluida la propia directora, tuvieron asignaciones de combustible por encima del 10 % del salario mensual que establece la reglamentación interna de la entidad. El monto de dicha asignación alcanzó 1,117,000 pesos.

Pero Guzmán lo justificó en que su asignación de combustible estaba amparada en el Decreto 499-12, que establecía medidas de austeridad para las instituciones gubernamentales. Este Decreto establecía en su artículo 10, lo siguiente: “Los cargos de altos niveles contemplados en la Ley de Función Pública, tendrán asignado un monto correspondiente al quince por ciento (15 %) del salario o sueldo base, destinado para combustible”.

También explicó que, a su llegada a la entidad tenía un salario mensual de 274,000 pesos, que luego fue reajustado a la baja para llevarlo al monto de 245,000 pesos, que debía recibir ese cargo. Dijo que por error no se aplicó el reajuste al monto del combustible, pero la Cámara de Cuentas decidió mantener la observación, alegando que no se suministró el soporte que apoye la justificación de Guzmán.

La Cámara de Cuentas también encontró que las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria de la DGCP, correspondientes al período 2017-2020, contienen partidas que por sus características y registros no son razonables.

Cita en particular que hubo impuestos no retenidos por 2,116,687 pesos; impuestos retenidos de manera incorrecta por 12,707,079 pesos y 3,210,877 pesos.

También refiere una incorrecta retención del impuesto a la transferencia de bienes industrializados (ITBIS) por un monto de 117,902 pesos, más otros 205,539 pesos dejados de incluir. Además, dice que hay estados fijos no registrados en el sistema de la entidad.

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