A propósito de la recomendación de la Cámara de Diputados de que se realice un juicio político contra el pleno de la Cámara de Cuentas, el Centro Juan XXIII llamó a este poder legislativo a investigar a tres de los cinco miembros que no ejecutaron un convenio para la transparencia e institucionalidad de ese órgano auditor.
El Centro Juan XXIII explicó que actuó como mediador entre el pleno desde el primer indicio de conflicto entre los miembros de la Cámara que comenzó tras la presentación de la auditoría del Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República, que a su entender “no estuvo a la altura” de los trabajos anteriores que había realizado el organismo en su primer año de gestión.
Indicó que convidó a los miembros de la Cámara de Cuentas a firmar un convenio para la consolidación del órgano auditor al servicio de la transparencia y la institucionalidad que firmaron Janel Ramírez, Mario Fernández y Elsa Peña Peña, ésta última abandonó el acuerdo y los dos restantes, Elsa María Catano Ramírez y Tomasina Tolentino de Mckenzie, no firmaron.
El acuerdo de 10 puntos establecía que el pleno debía hacer una depuración del personal y desvincular a los funcionarios y servidores públicos de la cuestionada gestión del pasado “claves del entramado de impunidad”.
Además, no aprobar auditorías inconclusas de la gestión pasada, y que, en su lugar, fueran revisadas por un equipo diferente y se encargaba a Peña Peña (quien “abandonó” acuerdo) de la supervisión de este proceso.
Incluso, demandaba el fortalecimiento de la Dirección Jurídica, la contratación de nuevos abogados para trabajar con Fernández y dos auditores con Janel Ramírez.
Entre otras cosas, el convenio establecía que el pleno debía mejorar el trabajo en equipo y garantizar que no volverían a las “malas” prácticas del pasado.
En su comunicado, el centro indica que Ramírez y Fernández han mantenido una postura coherente con el acuerdo “respaldada con pruebas y evidencias, a favor de la transparencia y la institucionalidad del ente colegiado”, contrario al resto de los miembros a quienes acusó de ser ambivalente y conspirar contra el funcionamiento interno del órgano auditor, aprovechando su mayoría mecánica para actuar y tomar decisiones cuestionables, suplantar la función del Janel Ramírez, impedir el proceso de depuración del personal, etc.
“El Centro rechaza categóricamente este proceder … exhortamos a la Cámara de Diputados a indagar las razones del por qué el resto de los miembros no quisieron firmar y ejecutar el convenio propuesto y que al momento de formular sus acusaciones para un eventual juicio político lo hagan apegado al principio universal de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que merece por sus actuaciones, determinando la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Pleno de la CCRD y formalizando de manera precisa e individual los cargos imputados a cada miembro. Nadie debe responder por el hecho de otro”, manifestó la entidad.