El estallido de violencia en los suburbios franceses tras la muerte del joven Nahel, baleado por un policía, se inscribe en una realidad económica recurrente. A pesar de cuatro décadas de política urbana, estos barrios populares siguen siendo un concentrado de miseria urbana.

Un informe de Dominique Baillard 

Alrededor del 8% de la población francesa, es decir, cinco millones de personas, vive en los llamados barrios periféricos. Son barrios que se han convertido en zonas prioritarias de la política urbana, identificadas sobre todo por sus altos niveles de pobreza. La renta media disponible es de 14,000 euros al año en la periferia, frente a los 22,000 euros a escala nacional.

Más de la mitad de los niños, seis de cada diez, viven en la pobreza extrema, mientras que la media nacional es más bien de dos de cada diez niños. Estas desigualdades flagrantes se ven confirmadas por las cifras del paro y las de la RSA, la prestación asignada a las personas sin fuente de ingresos.

Planes suburbanos

Los numerosos planes para los barrios periféricos que los sucesivos gobiernos han puesto en marcha en los últimos cuarenta años no han conseguido superar estas diferencias. El dinero inyectado ha servido para hacer estos barrios más habitables, construyendo carreteras, transporte público, instalaciones deportivas y culturales y, sobre todo, mejorando la vivienda.

Se han invertido 48,000 millones de euros en política urbana desde 2003, cuando Jean-Louis Borloo, entonces ministro de Urbanismo, creó la Agencia Nacional de Renovación Urbana para luchar contra la “guetorización” de los barrios periféricos. 48,000 millones de euros es mucho dinero, pero, en caso de urgencia, el Estado es capaz de movilizar recursos mucho más importantes. 45,000 millones de euros, por ejemplo, es el presupuesto votado en 2023 para cubrir los costes del blindaje tarifario que ayudó a los franceses a hacer frente a la subida de los precios de la energía.

¿Un Plan Marshall para los suburbios?

La palabra se menciona a menudo, pero apenas encuentra respuestas concretas. El mega plan ideado por el mismo Jean-Louis Borloo en 2017 a petición del presidente fue finalmente archivado por el Palacio del Elíseo. Mientras tanto, la agencia prosigue su labor de renovación y los alcaldes esperan noticias sobre el plan de barrios 2030. La inversión ha merecido la pena, como pueden atestiguar todos los alcaldes, pero los problemas socioeconómicos no han desaparecido, y en algunos casos incluso han aumentado.

En primer lugar, por razones cíclicas. La pandemia de Covid-19 y la inflación han agravado el empobrecimiento. En segundo lugar, por razones estructurales. En cuanto el poder adquisitivo de las personas que viven en estos barrios mejora, tienden a abandonar estas zonas desfavorecidas y trasladarse a ciudades más atractivas y seguras.

Entonces dejan paso a los recién llegados, a menudo en peor situación económica. La explosión de violencia que a menudo ha puesto de relieve estos barrios abandonados ha disminuido en frecuencia, pero no en intensidad, como hemos visto en los últimos días.

La renovación urbana no lo resuelve todo…

Para mejorar la situación, sin duda sería más eficaz actuar en todo el país, y no sólo en los barrios desfavorecidos. Y eso para por la construcción de más viviendas sociales en las zonas más bonitas, como exige la ley, y facilitando el acceso a la propiedad en estas zonas desfavorecidas para atraer y retener a una población más acomodada.

Abordar los problemas socioeconómicos de los suburbios puede reducir las desigualdades en materia de vivienda y cambiar la geografía de la exclusión, pero no puede hacerlo todo. No puede compensar las deficiencias de las escuelas ni erradicar la discriminación que sufren los residentes de estos barrios, que en la mayoría de los casos son de origen inmigrante.