El Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, decidió este lunes cerrar completamente la frontera con Haití para el comercio terrestre, marítimo y aéreo a partir del jueves, si el conflicto por la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre no se resuelve antes de esa fecha.
El consejo, que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en cuestiones de políticas públicas y defensa nacional, adoptó cinco medidas.
La primera fue «suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso».
La segunda es «mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo».
Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, leyó un comunicado según el cual el Gobierno decidió «reactivar la Toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos».
También se va a iniciar «el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato».
Por último, las autoridades dominicanas van a solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.
Particulares
Las informaciones proporcionadas por el servicio diplomático y los organismos de investigación del Estado indican que los trabajos de construcción son llevados a cabo de forma unilateral por particulares, informó el Gobierno dominicano.
«Las autoridades haitianas afirman que no respaldan ni participan en el proyecto, y han reiterado en múltiples ocasiones que no están de acuerdo con su construcción», indicó Figueroa.
Aseguró que los promotores de esta obra son empresarios y políticos que buscan garantizar el suministro de agua con fines comerciales.
«El gobierno haitiano ha admitido en repetidas ocasiones que no tiene la capacidad para resolver conflictos internos debido a la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado haitiano a manos de organizaciones criminales«, agrega el comunicado.
Palacio alega que este proyecto viola el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre la República Dominicana y la República de Haiti.
«No cabe duda de que este proyecto unilateral es promovido por agentes haitianos con la intención de perjudicar a su propio gobierno y generar un conflicto con nuestro país», concluyó el Consejo.