El Gobierno haitiano dijo este domingo que espera un resultado «rápido y positivo» sobre la misión multinacional que Kenia se ha ofrecido liderar para ayudar a combatir la violencia en Haití, pero cuyo despliegue fue prohibido esta semana por el Tribunal Superior de Nairobi.
En un comunicado, el Gobierno de Haití afirmó que está dando seguimiento a «la evolución del caso de Kenia«, tras la prohibición de mil policías al país caribeño, que atraviesa por una crisis en todos los órdenes, agravada por la violencia de las bandas armadas.
Haití agradeció al presidente keniano, William Ruto, y al pueblo de esa nación el aceptar asumir el liderazgo de la misión, solicitada por el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y respaldada por Naciones Unidas, así como a los países que han ofrecido distintos tipos de asistencia con el fin de restablecer el orden y la seguridad lo antes posible en la nación.
También dio las gracias «a todos aquellos que seguirán acudiendo para ayudar a construir una paz duradera en Haití y permitirnos volver a la democracia», al tiempo que aprovechó la oportunidad para invitar a todas «las estructuras sanas de la sociedad a formar un grupo para la gobernanza colectiva e inclusiva de esta transición con el fin de facilitar la celebración de elecciones generales lo antes posible».
Frente a las amenazas de bandas armadas que siguen sembrando el pánico, «no es el momento de aventurerismos, ni de volver a las maniobras que en el pasado contribuyeron a agravar la situación del país», reza la nota.
A la vez, invitó a mantener la calma, a apoyar a las fuerzas constitucionales del orden «y a no dejarse intimidar por campañas de desinformación y amenazas de violencia«.
Así, ante un anuncio por parte de un pequeño colectivo de una huelga de tres días a partir de mañana, el Gobierno animó a la población en general y, en especial, a los estudiantes y comerciantes a realizar libremente sus actividades cotidianas.
Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio, y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes.
Además, en este país, el más pobre de América, cerca del 50 % de la población sufre inseguridad alimentaria y la mitad de sus algo más de 11 millones de habitantes vive en la pobreza.