La justicia condenó en Venezuela a entre 21 y 30 años de prisión, la pena máxima, a 29 acusados por una incursión armada fallida contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2020, informó este miércoles la Fiscalía.
La «Operación Gedeón» fue una incursión paramilitar que según el gobierno fue desmontada en mayo de ese año, encabezada por militares retirados venezolanos y mercenarios extranjeros pagados por la oposición, que a su vez niegan estos señalamientos.
«De estos 29 acusados, 20 han sido condenados a 30 años de prisión y 9, a 21 años», informó el fiscal general, Tarek William Saab, tras una audiencia en un tribunal contra el terrorrismo.
«Estamos hablando de una operación que nació en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos, (y) que tuvo su preparación en Colombia, para atacar, para incursionar, para invadir a Venezuela y bañar de sangre nuestro país», dijo Saab a periodistas en un acto en Caracas.
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia publicó en la red social X los nombres de los condenados por cargos como terrorismo, traición a la patria y tráfico de armas de guerra, entre otros.
Recibió la pena máxima Josnars Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Baduel, viejo aliado de Hugo Chávez que se alejó del chavismo y terminó en prisión, donde murió en 2021.
La hija del militar, Andreína Baduel, calificó de «injusta» la condena contra su hermano y denunció que éste ha sido víctima de «torturas». «El poder judicial está secuestrado, pero hay que cumplir con las formalidades para poder acudir a instancias internacionales», dijo a la AFP al confirmar que la sentencia será apelada.
Interpol
Gedeón, según la versión oficial, tenía el objetivo de invadir Venezuela por mar desde Colombia para asesinar a Maduro. Ocho «mercenarios» murieron en enfrentamientos con militares.
«No teníamos, lamentablemente, expectativas de sentencias reducidas o absolutorias», comentó Martha Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que sigue casos de «presos políticos«. «Hay una instrucción de (…) condenarlos a todos con las máximas penas».
Varios involucrados «permanecen evadidos de la justicia y seguimos trabajando con Interpol, con la justicia de los países donde estas personas están viviendo, algunos en Colombia, otros en Estados Unidos, otros en España, otros en Panamá», dijo el fiscal Saab. «No son perseguidos políticos«.
El Ministerio Público acusó en el pasado al antiguo líder opositor Juan Guaidó, a quien entonces Washington consideraba como presidente interino tras desconocer la reelección de Maduro en 2018, de financiar la operación con fondos del Estado bajo su control. El político está hoy en Miami, tras huir de su país.
Saab mencionó al estadounidense Jordan Goudreau, un exboina verde que fundó una compañía de seguridad, Silver Corp, que de acuerdo con la fiscalía fue contratada por Guaidó para esta operación.
Dos estadounidenses condenados a 20 años por el caso, Luke Denman y Airan Berry, fueron excarcelados y entregados a su país en el intercambio de prisioneros que llevó a la liberación del colombiano Alex Saab, contratista del gobierno acusado de «testaferro» de Maduro.