Bajo la advertencia de que no podrían circular y de que serían retenidas sus motocicletas, miles de conductores formaban filas kilométricas para registrar sus vehículos en el año 2021. Las amenazas de las autoridades no se cumplieron y el Plan de Registro de Motocicletas se paralizó.

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, afirmó que el Gobierno tiene intención de acelerar este programa y que contempla integrar la tecnología para hacer más ágil el proceso.

«Ahora vamos a acelerar este proceso, en estos momentos, te puedo dar todavía más información en las próximas semanas, pero realmente sí se están revisando los mecanismos para utilizar todavía más la tecnología para mejorar el registro de las motocicletas», indicó Santos al término de la reunión semanal sobre seguridad ciudadana que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña.

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chu), estableció en las memorias de sus cuatro años de gestión que 879,425 motocicletas fueron registradas, de un total de 3,281,018 que circulan en todo el territorio nacional. Esto representa solo un 26. 80 % del total.

En agosto de 2023, el entonces director del Intrant, Hugo Beras, informó que habían regularizado 841,259 motos a esa fecha, con lo que se evidencia que en casi un año sólo se preocuparon por este registro alrededor de 30 mil conductores.

«Este plan es algo que se está conversando con el director del Intrant y todas las instituciones para seguirlo fortaleciendo y acelerando. Claramente, nuestro objetivo debe ser avanzar e ir completando el registro de la mayor cantidad de motocicletas del país», declaró Joel Santos.

El ministro también informó que la tasa de homicidios acumulada para este año por cada 100 mil habitantes está en 9.84 y la de julio se encuentra en 8.60.

Lo anterior significa una reducción de homicidios de un 10.9 % en comparación con el mismo período del 2023. La cantidad de heridos bajó un 16 % y los robos se redujeron en 11.4 %, según las autoridades.

En esta reunión tocaron el tema del modelo operacional contra el crimen organizado, desde el punto de vista estratégico, y las acciones para «una intervención integral del sistema penitenciario».