En su sesión del martes, los diputados aprobaron dos préstamos por 520 millones de dólares y parte de ese dinero, específicamente 20 millones, se usarán para un cierre progresivo del vertedero de Duquesa.
El financiamiento millonario, gestionado a través de un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial de España y el Gobierno dominicano, busca implementar un programa integral para la gestión de residuos sólidos, mitigando los impactos ambientales y sociales negativos de los vertederos a cielo abierto.
El proyecto, que estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluye tres componentes principales. El primero es el cierre de vertederos, con un enfoque en Duquesa, cuya operación a cielo abierto ha sido motivo de preocupación por décadas debido a sus efectos en la salud pública y el medio ambiente. El segundo componente abarca la construcción de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, estaciones de transferencia y una celda auxiliar dentro del propio vertedero.
Además, el préstamo prevé actividades para fortalecer la institucionalidad y promover la inclusión social, con el fin de garantizar la sostenibilidad del programa. La pieza aprobada por los diputados establece que entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) cofinanciarán parte del proyecto.
Según los términos del convenio, el préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años, con un periodo de gracia de cinco años y medio. La tasa de interés fija será de un 2 % anual y los pagos serán semestrales.
Una carta que envió el presidente Luis Abinader a la Cámara de Diputados narra que el programa representa una respuesta a la “creciente necesidad de modernizar la gestión de residuos sólidos en el Gran Santo Domingo”, una región que enfrenta retos críticos debido al manejo inadecuado de la basura.
Según Abinader, el cierre de Duquesa y la creación de infraestructuras modernas no solo reducirán la contaminación ambiental, sino que también mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos.