El presidente Luis Abinader consideró ayer que debe existir una política gubernamental que restrinja el acceso a contratos de publicidad estatal para medios que difamen, propaguen noticias falsas o promuevan conductas que contravengan normas elementales de decencia.
A propósito de que, la semana pasada, diversos periodistas fueron víctimas de una campaña sostenida de acusaciones difamatorias, el mandatario explicó que ese tipo de contenido “afecta la democracia”.
“Cualquier opinión sobre un problema que tenga el gobierno es normal y es saludable que salga cualquier crítica, pero acusaciones como se han hecho de manera gratuita, falsa, eso lo primero que afecta es a la democracia dominicana”, dijo.
En su encuentro LA Semanal con la Prensa, Abinader reiteró que, aunque no existe una restricción en ese sentido, debería haber una política para limitar el financiamiento a ese tipo de plataformas comunicacionales.
“Hasta ahora no hay una política discrecional en este sentido, porque siempre habría muchas quejas sobre por qué se le da en términos políticos, pero yo pienso que debería tener, yo pienso que debería tener”, añadió.
Abinader reafirmó que su Gobierno está comprometido con la libertad de expresión y “ha respetado las opiniones diversas”.
El decreto 76-25
También en LA Semanal, el presidente Luis Abinader, firmó el decreto 76-25, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA).
De acuerdo a la explicación del mandatario, esta comisión tiene como objetivo integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales en materia de prevención, transparencia, acceso a la información pública, auditoría y recuperación de activos ilícitos.
Abinader agregó que, su creación busca garantizar la eficiencia en la ejecución de políticas públicas contra la corrupción.
“¿Por qué este decreto? La corrupción. La corrupción afecta la estabilidad institucional y el desarrollo del país, la transparencia fortalece la confianza en el Estado y el país está comprometido con el cumplimiento de normas internacionales contra la corrupción”, señaló.
La Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), que fue anunciada hace varios días, estará conformada por dos instancias claves.
El Comité Coordinador Nacional será presidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), mientras que la Dirección Ejecutiva estará bajo la instrucción de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
La semana pasada, un grupo de periodistas y comunicadores fue blanco de una intensa campaña de descrédito en redes sociales, con más de 10,000 menciones registradas en distintas plataformas, principalmente en X (antes Twitter). La narrativa impulsada en estas publicaciones los acusaba de recibir fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en un intento de cuestionar su credibilidad. El epicentro de esta ofensiva digital se centró en figuras como Marino Zapete (3,499 menciones), Edith Febles (2,363 menciones) y Huchi Lora (1,550 menciones), quienes encabezaron el volumen de interacciones generadas en torno a esta acusación infundada.