La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, fue nombrada este martes como nueva jefa suprema del Ejercito nicaragüense, junto con su esposo, el copresidente del país, Daniel Ortega, quien ya lo era.

Murillo, designada copresidenta por medio de una reforma a la Constitución Política, fue nombrada jefa suprema del Ejército de Nicaragua a través de una iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, enviada por el Ejecutivo y aprobada por unanimidad y con carácter urgente por la Asamblea Nacional (Parlamento) durante la sesión plenaria de este martes.

«El Ejército estará subordinado a la autoridad civil que será ejercida por la Presidencia de la República como Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, que le corresponde constitucionalmente», señala el texto de la ley reformada.

La Presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta, que en este caso son Ortega y Murillo, según una profunda reforma parcial a la Constitución Política que entró en vigor el 19 de febrero pasado.

La Presidencia, según la reforma al Código Militar, podrá disponer de las Fuerzas Armadas de conformidad con la Constitución Política y las leyes.

Además podrá ejercer la conducción política de la defensa armada del Estado y ordenar el inicio de operaciones militares en defensa del país en caso de agresión externa.

También podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional cuando la estabilidad de la República lo requiera.

Asimismo, estará en facultades de nombrar, a propuesta del Consejo Militar, al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, y removerlo en caso de insubordinación, por desobediencia de las órdenes dadas por la Presidencia de la República y Jefatura Suprema del Ejército en el ejercicio de sus atribuciones, o por haber sido condenado por la comisión de delitos que merezca penas graves o muy graves.

Otra función que tendrá la Presidencia es ordenar la movilización militar en caso de emergencia nacional.

Militares retirados seguirán siendo parte del Ejército

Por otro lado, la reforma al Código Militar establece que las Fuerzas Militares de la Reserva Patriótica, una figura creada en la reforma constitucional, son parte del Ejército de Nicaragua y «están destinadas para la defensa armada de la nación, para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz»:

Las Fuerzas Militares de la Reserva Patriótica estarán conformadas por las tropas terrestres, navales y aéreas, y se organizarán en pequeñas y grandes unidades, según lo establezca la normativa interna del Ejército de Nicaragua.

La enmienda constitucional, propuesta por Ortega y en vigor desde hace poco más de un mes, creó las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica como parte del Ejército de Nicaragua, «las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento».

Esas fuerzas de reserva también podrá estar integradas por «cualquier ciudadano o ciudadana que desee participar en la defensa armada de la nación, para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz».

El titular del Parlamento nicaragüense, el oficialista Gustavo Porras, explicó en el pleno que la iniciativa de reforma al Código Militar fue enviada por la Presidencia de la República y «fue propuesta también o revisada por el Ejército», y que la misma forma parte del «proceso de adecuación a los cambios por las reformas constitucionales».

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a Ortega y Murillo.

La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.