Le clonaron la tarjeta y descubrió una red de shiperos por Telegram

Todo comenzó el día en que Federico Rivas (nombre ficticio) entregó su tarjeta de crédito a un empleado en una estación de combustibles de la avenida Independencia, en Santo Domingo. Aunque por costumbre siempre la presentaba él mismo en el lector, ese día rompió la rutina. El cobro se procesó con normalidad, pero algo en su interior activó una señal de alerta.

Dos días después, llegó la primera notificación: un intento de compra en una tienda virtual desconocida. Rivas canceló el plástico de inmediato, lo que detuvo las transacciones, pero no los intentos.

Durante las semanas siguientes, su correo electrónico siguió recibiendo notificaciones de compras rechazadas en comercios de Estados Unidos, Brasil y República Dominicana. Los montos eran variados, la mayoría pequeños: 1 dólar, 6.49 dólares, 395 pesos, 88 dólares, 165 dólares.

Los canales

Intrigado por la rapidez con la que su información bancaria se había dispersado, decidió investigar. Sabía que en Telegram circulaban grupos dedicados a actividades ilícitas, y al ingresar encontró varios con nombres como “SHIPEROS-MUNDIALES” y “TARJETAS DE CRÉDITO LIVE FRESH”.

En esos canales se ofrecían listas de tarjetas de crédito con los primeros dígitos visibles, montos supuestos disponibles y clasificaciones por tipo, como Visa o Mastercard.

Una publicación destacaba una tarjeta con doce números visibles y los últimos cuatro en “XXXX”, junto al texto: «$5,375,430 disponibles». A su lado, decenas de entradas similares se ofrecían abiertamente.

También se anunciaban «BIN» (Bank Identification Numbers), códigos que permiten la creación de tarjetas virtuales con fines fraudulentos, además de servicios para pagar cuentas o enviar dinero desde tarjetas clonadas, a cambio de pagos en criptomonedas o a través de aplicaciones.

En medio de estas publicaciones, una llamó su atención por su tono directo: “Si tú tienes tú CC de USA o de el patio y te quieres buscar pal de peso, tírame”. Era una convocatoria dirigida a tarjetahabientes dispuestos a participar en fraudes con sus propias tarjetas.

En paralelo, documentó los intentos de fraude que sufrió su cuenta. Las imágenes anexas a su testimonio muestran cargos rechazados en plataformas digitales, algunas con nombres que parecían inventados. Todos los intentos ocurrieron después de cancelar la tarjeta. Incluso un mes más tarde, seguía recibiendo notificaciones de uso indebido.

Esto sugiere que su información fue obtenida, distribuida y compartida rápidamente en estas redes. A partir de ese punto, cualquier persona con acceso a esos datos podía intentar utilizarlos, aunque el plástico estuviera inhabilitado.

El fenómeno de los shiperos

El término “shiperos” se usa en República Dominicana para describir a quienes trafican con datos de tarjetas y realizan compras fraudulentas. Lejos de tratarse de actos aislados, forman parte de un esquema más amplio de ciberdelincuencia con conexiones regionales e internacionales.

En el país, la clonación de tarjetas está penalizada por la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Ley 53-07).

La Procuraduría General de la República cuenta con una unidad especializada en delitos electrónicos, y la Policía Nacional ha realizado operativos en el pasado contra personas vinculadas a estas prácticas. Sin embargo, los grupos en Telegram permanecen activos y operan con aparente normalidad.

Ante este contexto, la Superintendencia de Bancos ha emitido la circular SB: CSB-REG-202300014, que establece lineamientos para que las entidades financieras y las sociedades de información crediticia garanticen los derechos de los usuarios a actualizar, corregir o eliminar información inexacta.

Además, a través de la plataforma ProUsuario, la institución promueve prácticas de protección financiera: no compartir información de tarjetas, evitar enlaces sospechosos, usar contraseñas seguras, vigilar la tarjeta al momento del pago y conservar los comprobantes.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos de filtración y uso indebido de datos personales. Aun así, la existencia de estos grupos en redes digitales evidencia que los esfuerzos institucionales deben ampliarse con estrategias más visibles y articuladas, que involucren tanto a las autoridades como a la ciudadanía.