La justicia dominicana atraviesa un momento crucial. Así lo planteó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, al afirmar que el sistema judicial vive una transformación que va más allá de cambios tecnológicos y administrativos.

Se trata, según sus palabras, de una transformación cultural y estructural, centrada en la dignidad de las personas y orientada por valores éticos, institucionalidad y propósito.

El juez ofreció estas declaraciones este miércoles en la conferencia titulada “El sistema de justicia dominicano: avances, retos y desafíos”, en la conmemoración del 40 aniversario de la Escuela de Derecho de la Universidad APEC.

Durante su intervención, fue enfático en señalar que “una justicia que no se cuestiona a sí misma corre el riesgo de servir más a su inercia que a la sociedad».

Destacó que hoy día existe un modelo judicial que dejó de ser vertical y alejado para convertirse en uno democrático, abierto y eficiente.

El magistrado explicó que la transformación que vive el Poder Judicial se basa en una visión estratégica llamada «I-Justicia«, un nuevo paradigma judicial iberoamericano que se sintetiza en tres dimensiones:

• eficiencia digital,

• ética crítica y

• centralidad de la persona. 

“No se trata solo de herramientas tecnológicas o inteligencia artificial. Esta es una nueva cultura judicial que se pregunta constantemente a quién sirve, cómo escucha y con qué impacto transforma”, afirmó.

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Mora judicial y sentencias más claras

Molina presentó la eliminación de la mora judicial como un logro en la Suprema Corte. 

“Durante años, esta mora fue un símbolo de injusticia estructural. Hoy, gracias a la planificación estratégica y al compromiso de jueces y servidores judiciales, las salas están al día”, destacó. 

Además, manifestó que las sentencias se están produciendo con mayor claridad y lenguaje accesible, dejando atrás el formalismo que alejaba al ciudadano común del entendimiento del Derecho.

Sentencias digitales 

El presidente de la Suprema también presentó avances en el acceso digital a la justicia, como la implementación de la Juriteca, una pieza esencial de esta transformación, abierta al público, gratuita y de navegación intuitiva, que permite que abogados, estudiantes, jueces y cualquier persona, puedan acceder de forma rápida a las sentencias y precedentes más relevantes del país. 

“Hoy podemos hablar de sentencias digitales, de automatización con trazabilidad y de plataformas éticas”, aseguró. 

Agregó: “La digitalización no es un fin en sí misma, sino una herramienta para garantizar derechos con equidad territorial y social”.

Un proceso penal más humano 

En su análisis sobre el proceso penal, el magistrado señaló la necesidad de mejoras técnicas, pero también de un enfoque más humano y restaurativo. 

“Es absurdo que todo vaya a juicio de fondo”, afirmó, al destacar que el sistema penal debe funcionar como el sistema de salud, «el juicio es la sala de cirugía, no puede ser el destino de todos los casos”.

Molina defendió la resolución alterna de conflictos y el uso proporcional de la prisión preventiva.

“En un sistema que respeta el debido proceso, la libertad debe ser la regla y la prisión, la excepción. La justicia no puede prescindir del respeto a la dignidad humana”, sostuvo.

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Desafíos 

Entre los desafíos aún pendientes, Molina mencionó la congestión jurisdiccional, los rezagos normativos y la necesidad de una Ley Orgánica del Poder Judicial, así como una Ley de Eficiencia Procesal. 

“Estas reformas buscan simplificar los procesos y hacerlos más comprensibles para las personas. La justicia debe ser entendida, sentida y vivida”, expresó.

Para Molina, la legitimidad de los tribunales se construye sobre hechos verificables.

Añadió que una justicia con capacidad de respuesta es aquella que no solo dicta sentencias, sino que transforma la vida de las personas.

Durante la conferencia, el presidente de la Suprema Corte también hizo un llamado a la academia a respaldar las reformas en curso y alertó sobre los riesgos del autoritarismo disfrazado de legalidad. 

“La legitimidad de los tribunales está en juego, y se define por su independencia y por su capacidad de dar respuestas justas, claras y oportunas”, afirmó.