El director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, afirmó ayer que en la expedición de la licencia de conducir “se ha instalado un entramado de corrupción”, el cual debe detenerse para evitar que se perpetúe.
Al ser entrevistado al salir de la Procuraduría (PGR), donde se reunió con la procuradora Yeni Berenice Reynoso, Pimentel defendió la potestad legal que tiene el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) de convocar a licitación pública tras vencerse en este año el contrato que tiene con la empresa Dekolor.
El funcionario respondió así al reclamo público de los abogados de esa empresa de que era ilegal la convocatoria porque antes se le debe pagar más de 700 millones de pesos.
“Lo que sí debemos evitar es que el entramado de corrupción que se ha instalado alrededor de ese servicio (de la licencia de conducir) permanezca y se perpetúe en el tiempo sobre la base de los recursos públicos”, indicó Pimentel.
Calificó como “un invento más de todo el entramado”, el tratar de evitar que el Estado pueda realizar un proceso de licitación legítimo y competitivo.
Cuestionadas adendas
En cuanto a las tres adendas al contrato con la empresa Dekolor, cuyo informe, sometido a la Procuraduría por la Unidad Antifraude de la Contraloría, revela irregularidades, Carlos Pimentel sostuvo que desde la vigencia del convenio “todos los directores del Intrant” las firmaron.
“Ese proceso lo han firmado todos los directores del Intrant que están desde la vigencia del contrato (ejecutado desde enero del 2020), todas las adendas”.
El contrato para la expedición de la licencia de conducir se firmó en el 2019 y entró en vigencia en enero del 2020, cuando estaba como directora Claudia Franchesca de Los Santos, sustituida en agosto del 2020 por Rafael Arias y este, a su vez, por Hugo Beras, en agosto del 2022.
La primera adenda, según la Unidad Antifraude, se produjo en el período 2020-2021, que incluyó el servicio de examen médico psicofísico” y que no fue registrado ante esa institución. El segundo y tercer cambio se produjeron en el 2022, cuando se “incrementaron los precios sin justificación técnica”.
Pimentel acudió a la PGR a depositar, junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría, un “informe sobre anomalías en tres licitaciones del Inabie”.
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Los abogados de Dekolor negaron que esa empresa haya ofrecido sobornos al director del Intrant, Milton Morrison, como este denunció, imputación que, dijeron, deberá probar. Marino Feliz Rodríguez, uno de los representantes legales de Dekolor, atribuyó la acusación a un plan del funcionario de “levantar una cortina de humo” para evadir la justicia por la querella que tiene en su contra por enriquecimiento ilícito y a un afán por beneficiar en una licitación a Midas Dominicana. Explicó que hace cinco meses se acercaron a Morrison, pero fue para tratar de negociar una adenda para que se extendiera el contrato como una forma de buscar una salida a la deuda de más de 700 millones que la institución gubernamental tiene con Dekolor.