El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó este domingo que un «acuerdo» entre el Gobierno de Luis Arce y la «derecha» permitió la reciente excarcelación de los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los principales acusados por la crisis de 2019 en el país andino.
En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) sostuvo que la liberación de Camacho y Pumari es por «un acuerdo entre Lucho (Arce) y la derecha para liberar a los golpistas«.
«Lo que pasó estos días, la liberación de algunos golpistas es una prueba clara de que el Gobierno y la derecha gobernaron y ahora están acelerando juntos la liberación de los detenidos», manifestó el también exlider del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que está distanciado de Arce desde fines de 2021.
El viernes, Camacho, que es el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, y Pumari fueron excarcelados después de que en los últimos días la Justicia les retiró la medida de prisión preventiva en cuatro procesos al primero y en dos al segundo, incluido el llamado caso ‘golpe de Estado I’, por sus roles en la crisis de 2019.
La revisión de las detenciones preventivas responde a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se verifique el cumplimiento de los plazos de esa medida cautelar en todos los procesos en curso contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, Camacho y Pumari.
Los procesos judiciales por la crisis de 2019 se realizan a instancias del Gobierno de Arce y el MAS, que aseguran que hubo un «golpe de Estado» contra Evo Morales, lo que niegan sus detractores que afirman que las protestas fueron por un fraude a favor del entonces presidente en las fallidas elecciones de ese año, posteriormente anuladas.
El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó en los últimos meses con Camacho y Pumari como principales acusados por haber liderado las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Jeanine Áñez (2019-2020) estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice«, pero en 2024 fue apartada del proceso porque ya fue juzgada y sentenciada a 10 años de cárcel por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.
Dentro de ese proceso, la exmandataria fue sentenciada en 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, una sentencia ratificada en 2023 por el TSJ, que entonces estaba liderado por otros magistrados.
Decisiones judiciales recientes
La semana pasada, dos tribunales anularon los procesos ordinarios contra Áñez y pidieron que en su lugar se inicien juicios de responsabilidades contra la expresidenta en los llamados casos ‘Senkata’ y ‘Sacaba’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en la ciudad de El Alto y en la región central de Cochabamba.
Ambas cortes dispusieron que Áñez espere los juicios de responsabilidades fuera de prisión, aunque para esto hay una serie de trámites y pasos legales que se deben cumplir previamente, y además está vigente la sentencia por el caso ‘golpe de Estado II’.
La hija de Áñez, Carolina Ribera, explicó el viernes que se presentó un recurso de «revisión extraordinaria de sentencia» y que aguardan una respuesta del TSJ al respecto que, de ser favorable, permitirá que la política, que está en prisión desde marzo de 2021, pueda defenderse en libertad en todos los procesos en su contra.
El Gobierno de Arce anunció que apelará todas las decisiones judiciales favorables a los tres opositores.