El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, afirmó este martes que no se puede «permitir la violencia verbal» que, según dijo, ha lanzado un sector de la prensa en los últimos días contra la presidenta Dina Boluarte.
«Este es un ataque a la persona, no un ataque a la investidura», señaló Arana durante una rueda de prensa tras la reunión semanal del Congreso de Ministros en la que dijo que estos supuestos insultos, que no precisó y tampoco señaló por quién fueron lanzados, pueden ser objeto de acciones legales por parte de Boluarte.
Añadió que «todo acto de violencia verbal debe ser proscrito«, aunque remarcó que «cualquiera puede expresar su opinión y eso es parte de la democracia«.
«Lo que no se puede admitir es que se utilice un vehículo como es la prensa, que es un vehículo para predicar valores (…) para insultar a una persona«, sostuvo antes de considerar que «el periodismo debe prodigar a la opinión pública ideas».
En ese sentido, reconoció que las autoridades pueden ser criticadas, pero reiteró que lo que no tienen «que aceptar es insultos como si fueran argumentos o calificativos como si fueran opiniones«.
«Rechazamos esta posición y consideramos que la señora presidenta tiene la posibilidad de iniciar las acciones legales que correspondan», concluyó.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana Peña, agregó que no se puede «permitir ni normalizar los insultos que se están dando en algunos medios de comunicación» contra la gobernante.
Los representantes del Ejecutivo se pronunciaron después de las críticas que se lanzaron desde todos los sectores sociales y políticos por considerar que la gobernante estaba subestimando el impacto real de la criminalidad en el país.
- Boluarte declaró que los paros convocados por las empresas de transporte público para exigir una mayor acción de las autoridades ante los casos de extorsión y ataques armados no iban a solucionar el incremento del crimen organizado y recomendó a la ciudadanía no responder las llamadas telefónicas de desconocidos.
La Fiscalía de Perú informó este martes que los atentados en el transporte público de Lima y la vecina provincia del Callao, atribuidos al crimen organizado, han dejado 65 muertos y 53 heridos, entre agosto de 2024 y este mes.
Esta información se conoció un día después de un paro masivo del transporte público en Lima y Callao para protestar contra estos casos, que en lo que va del año ha provocado la muerte de 42 conductores, según datos ofrecidos por el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Juan Carlos Mori.