El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público (Pepca), afirmó este jueves que el proceso judicial contra los 11 agentes de la Policía Nacional acusados de matar a cinco civiles en el sector La Barranquita, de la provincia Santiago, será llevado con “transparencia y rigor”.
“El proceso exige verdad, justicia y responsabilidad, y desde el Ministerio Público damos garantía de que eso va a suceder. Vamos a procurar justicia”, expresó Camacho al hablar con periodistas tras el nuevo aplazamiento de la audiencia de medida de coerción contra los imputados.
El funcionario explicó que se trata de una investigación abierta, en la que se incorporarán todas las evidencias relacionadas con los hechos.
“A medida que vayamos avanzando puede variar la calificación jurídica del proceso”, adelantó.
De manera preliminar, los 11 agentes enfrentan cargos por asociación de malhechores y homicidio voluntario.
Camacho también informó que la audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, que alegó no estar preparada para responder a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Indicamos al tribunal que había transcurrido tiempo suficiente para conocer la audiencia; no obstante, el tribunal decidió aplazar por última vez”, explicó.
Medida de coerción
El conocimiento de la medida de coerción fue reprogramado para el martes 14 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
Los 11 agentes están siendo procesados por la muerte de cinco hombres, el 10 de septiembre en el sector La Barranquita.
Aunque al dar a conocer la información sobre las muertes la Policía Nacional informó que se trató de un intercambio de disparos, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que las investigaciones realizadas en torno al caso evidencian que se trató de una «ejecución extrajudicial«.
