En las nóminas del país se libra una batalla silenciosa: el salario mínimo sube, la vida se encarece y el impuesto sobre la renta (ISR) permanece inmóvil, aplicándose a los sueldos a partir de los 34,685 pesos mensuales, desde 2017.  La promesa de indexar los tramos, o rangos de ingresos, a la inflación vuelve a presionar al Gobierno, pero choca con una pregunta incómoda: ¿de dónde saldrán los más de 18,000 millones de pesos que dejarían de entrar al fisco si se ajusta la tabla? 

Mientras tanto, miles de trabajadores se acercan al umbral tributario, que los exonera del pago del ISR, y sienten que la carga fiscal avanza más rápido que sus salarios.

  Desde el 2017, la actualización automática de los tramos del ISR, dispuesta en el Código Tributario, ha permanecido congelada en las sucesivas leyes de presupuesto general del Estado, lo que ha mantenido sin cambios el salario mínimo gravado por ISR en 34,685 pesos mensuales, pese a los aumentos acumulados del costo de vida. 

Si la indexación se aplicara hoy, solo los salarios superiores a 50,000 pesos estarían sujetos al impuesto, pero se dejaría de recaudar aproximadamente 18,200 millones de pesos en un año, según estimaciones del economista Richard Medina.

Ante las exigencias de algunos sectores sobre su aplicación, el presidente de la República, Luis Abinader, reconoció el pasado 21 de octubre que la indexación “es una medida justa y necesaria”, pero subrayó el dilema fiscal que implica su aplicación.

“Si lo hacemos, hay que decir a quién le quitamos los recursos: ¿a salud, a educación?”, cuestionó el mandatario durante una entrevista radial.

Abinader explicó que el Gobierno estudia aplicar la medida de la forma más equilibrada posible, sin comprometer los presupuestos de áreas sensibles. Recordó, además, que el tema fue incluido en la fallida reforma fiscal que el Ejecutivo presentó el año pasado, la cual fue rechazada por los mismos sectores que hoy reclaman el ajuste.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026 mantiene la suspensión de la indexación, lo que confirma que no habrá cambios el próximo año.

Magín Díaz: parcial 

La semana pasada, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, abrió una brecha al decir: “Estaría de acuerdo con una indexación parcial, siempre y cuando no se ponga en juego la estabilidad de las finanzas públicas. Eso es lo importante”.

Díaz recordó que cuando la medida se congeló en 2017, solo uno de cada 10 asalariados pagaba el impuesto sobre la renta, por lo que el ajuste buscó ampliar la base tributaria.

Para el titular de Hacienda y Economía, discutir la indexación sin una reforma fiscal integral sería un error. 

“No podemos abocarnos ahora a tomar medidas aisladas. Creo que podemos discutirlo en el marco de una reforma amplia”.

Desde otra óptica, el exministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, considera que la indexación ya ha perdido sentido económico y cree que todo sueldo debe pagar ISR.