El 2025 cerró como un año de alta exigencia para el Gobierno dominicano, marcado por crisis de gran impacto que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del presidente Luis Abinader y de su Gabinete. En el quinto año de gestión, tres episodios sobresalieron por su gravedad y repercusión nacional: la tragedia del Jet Set, el apagón general y el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril, se convirtió en la tragedia de este tipo más mortífera de la historia nacional. El siniestro dejó al menos 189 personas heridas y provocó la muerte de 236, entre ellas reconocidas figuras del arte, el deporte, el empresariado y la vida social del país.
Durante más de 48 horas, los organismos de emergencia trabajaron de manera ininterrumpida en medio de un clima de luto generalizado. El presidente Luis Abinader acudió al lugar de la catástrofe y dispuso, mediante decreto, la declaratoria de duelo nacional por un período de tres días.
Apagón general
En noviembre, el sistema eléctrico nacional sufrió una interrupción general que llevó al país a una situación inédita en más de una década. El día 11 de ese mes, la República Dominicana quedó sin energía eléctrica debido a una falla en la subestación San Pedro de Macorís I, lo que paralizó el Metro de Santo Domingo y provocó caos en la ciudad.
El apagón general ocurrió en una fecha clave para los poderes públicos: el primer día de entrevistas a aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. En pleno Palacio Nacional, Diario Libre intentó obtener una reacción del presidente Abinader, pero su respuesta fue la misma que mantendría en los días siguientes: silencio.
La interrupción paralizó las operaciones del país durante más de cuatro horas y dio impulso a las críticas de la oposición, que aprovechó la coyuntura para señalar las deficiencias de un sistema eléctrico que ya venía enfrentando dificultades desde varios meses atrás. El tema era especialmente sensible, pues apenas dos meses antes el Gobierno había emitido el decreto 517-25, declarando de “emergencia nacional” todas las compras y contrataciones vinculadas al sector eléctrico.

Mientras aumentaban los cuestionamientos —en especial por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del expresidente Danilo Medina, cuya gestión se asoció con la expansión del servicio eléctrico 24 horas y la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina—, el único vocero oficial sobre el tema fue el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
La magnitud de la crisis obligó al presidente Abinader a realizar cambios urgentes en la dirección de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y en la del Metro, pocos días después del apagón.
Tras semanas de silencio y una creciente presión pública, un informe del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado concluyó que el evento fue provocado por la desconexión manual de una línea en la subestación de San Pedro de Macorís I, como resultado de un error humano.
El caso Senasa
El hecho más reciente, y posiblemente el más complejo para el Gobierno, fue el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Las autoridades detectaron una red criminal que habría defraudado al Estado por más de 15,900 millones de pesos, integrada por funcionarios de distintos niveles y personas cercanas al presidente Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
- La noticia impactó la imagen del Gobierno no solo por la magnitud del fraude, sino también por el nivel de desconocimiento que evidenciaron las autoridades, que inicialmente negaron la existencia de irregularidades en la institución.
En varias ocasiones, el presidente Abinader rechazó públicamente que existiera un déficit en Senasa. Se recuerda su respuesta durante LA Semanal del 30 de junio, cuando afirmó: “Parece que los amigos de la oposición quieren que los 2,400,000 dominicanos y dominicanas que integramos el Senasa cancelemos esa integración y se queden sin Seguro Familiar de Salud”.
Posteriormente, el discurso oficial cambió. El Gobierno dejó de negar el déficit y pasó a sostener que la investigación en Senasa no se originó por una denuncia externa, sino por una solicitud interna realizada en noviembre de 2024.

En el momento más álgido del caso, y de manera coincidente, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) pausó las notificaciones de las actividades del mandatario y se limitó al envío de notas oficiales, lo que redujo significativamente la presencia de la prensa acreditada en las actividades presidenciales.
Actualmente, diez personas son procesadas judicialmente, entre ellas Santiago Hazim, exdirector de la entidad, quien cumple prisión preventiva junto a otros seis imputados. El Ministerio Público sostiene que la estructura operó durante varios años dentro de Senasa, desviando fondos públicos mediante prácticas fraudulentas, como la autorización de estudios a nombre de personas fallecidas, procedimientos ginecológicos asignados a hombres y tratamientos cobrados a pacientes sin diagnósticos médicos.
Contexto económico
La administración de Abinader también gobernó en un entorno económico complejo. Según las últimas estimaciones del Banco Central, el año cerrará con una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 2.2 %.
A este panorama se suma una deuda del sector público no financiero (SPNF) que alcanza los 61,616.9 millones de dólares, con un incremento de 4,029.7 millones respecto al mismo período del año anterior, equivalente a un alza del 7 %.
La desaceleración económica se convirtió en uno de los principales argumentos de los críticos del Gobierno durante 2025. Las acusaciones se centraron en el alto costo de la vida, una supuesta mala gestión de los recursos públicos, el aumento del endeudamiento aprobado en el Congreso Nacional y el volumen del gasto destinado a programas de asistencia social.
millones de dólares es el monto que alcanza la deuda del sector público no financiero (SPNF)
El Poder Ejecutivo defendió su política de gasto social, resaltando la ampliación de la cobertura del Senasa y la entrega de pensiones solidarias. A pesar de las críticas internas, agencias internacionales como Standard & Poor’s ratificaron la calificación crediticia del país en BB, con perspectiva estable.
La crisis haitiana
La situación en Haití, marcada por una grave crisis humanitaria, representó importantes desafíos en materia migratoria y de seguridad. Las autoridades dominicanas intensificaron las medidas aplicadas desde finales del año anterior, incluida la decisión de repatriar al menos 10,000 migrantes haitianos en condición irregular.
A mediados de año, el tema llevó al presidente Abinader a convocar a los exmandatarios Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, con el objetivo de definir una estrategia unificada frente a la vecina nación.
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Como resultado, se enviaron cartas a los jefes de Estado de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU solicitando su respaldo. Meses después, el organismo autorizó el establecimiento de una nueva misión internacional, tras el fracaso de la iniciativa liderada por Kenia en septiembre.
En el plano local, estos esfuerzos derivaron en un diálogo nacional a través del Consejo Económico y Social (CES), donde se abordaron seis ejes: migración, comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales.
Adicionalmente, el Gobierno implementó 15 medidas para controlar la migración irregular.


