Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- El juez Vladimir Rosario García, de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, condenó este viernes a cinco años de prisión a un hombre acusado de estafa electrónica contra varias personas, a través de la empresa Procrédito.
El imputado Marvin Joel Soriano Robles fue presentado ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional por violar las disposiciones de los artículos 150, 151 y 405 del Código Penal dominicano, que sanciona el uso de documentos falsos en escritura privada y estafa.
La sentencia núm. 047-2019-SSEN-00201, de fecha 31 de octubre de 2019, fue dictada con motivo de la acusación penal pública presentada por Denny Silvestre, procurador fiscal del Distrito Nacional,.
El imputado también fue sentencia al pago de una multa de la tercera parte de un salario mínimo, de conformidad con la Ley 12-07 sobre Multas o Sanciones Pecuniarias.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, agotó el procedimiento después de tramitar una solicitud ante Katerine A. Rubio, jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional.
Recurso de apelación
Ante la decisión del tribunal de primer grado, Soriano Robles interpuso una apelación ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes la condena de cinco años.
Luego la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia también rechazó un recurso de casación contra la sentencia número 502-2021-SSEN-00069 el 26 de agosto de 2021.
Red de estafa con empresa fantasma
Soriano Robles es reincidente en delitos electrónicos, pues enfrenta otros procesos judiciales y había sido condenado a seis años de prisión por estafar a otros individuos.
Robles formaba parte de una asociación de malhechores junto a la procesada Roxanna Milagros Villeta Gómez, quienes ofrecían soluciones crediticias fraudulentas, a través de la empresa «ProCrédito» promocionada como un buró de crédito para «limpiar sus deudas» en el sistema financiero.
Con el objetivo de atraer a más clientes para estafarlos, la empresa se promocionaba a través de un anuncio en las redes sociales, el cual contenía un enlace que redirigía a las víctimas al WhatsApp.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la estructura delictiva ofrecía contratos digitales a las víctimas, mediante los cuales se convertían en deudores de la empresa para poder realizar embargos irregulares y falsificar sus rúbricas.
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