Un tribunal penal de El Salvador condenó a 39 miembros de una banda criminal a penas de hasta 300 años de cárcel, en el marco de la «guerra» contra las pandillas que mantienen el presidente Nayib Bukele, informó este sábado la fiscalía.
Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.
La institución señaló en X que las penas más altas de prisión fueron contra Marvin García (300 años) y Aurelio Vásquez (258 años), ambos líderes de una estructura delincuencial.
Según la fiscalía, el resto de las condenas corresponden a 13 personas que se desempeñaban como artilleros, 15 motoristas y otros ocho cumplían con la función de marcadores y proveedores de armas de fuego, pero no detalló las sentencias.
Detalles de las condenas
Aunque los delincuentes fueron condenados por un tribunal del crimen organizado de Suyopango, un distrito de San Salvador, la fiscalía no los relacionó con ninguna de las pandillas que operan en el país centroamericano.
Explicó que la condena fue impuesta por cuatro homicidios y 26 casos de robo agravado cometidos entre el 2019 y el 2023, pero sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.
Las investigaciones determinaron que en varios departamentos del país la banda robaba el dinero de las víctimas luego de realizar sus transacciones en agencias bancarias, y en algunos de los casos mataron a sus víctimas.
Dentro de los crímenes cometidos se encuentra el asesinato en 2021 de una docente que se resistió a un robo cuando salía de un banco.
Críticas a la estrategia de Bukele
La «guerra» de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.
El viernes la reconocida organización humanitaria Cristosal presentó en Guatemala un informe sobre El Salvador donde reveló que 86 personas son «presos políticos», algo que no ocurría desde la guerra civil que concluyó en 1992 y que lo equipara con Venezuela y Nicaragua.