Las autoridades mexicanas interceptaron este domingo más de dos toneladas de cocaína en un operativo marítimo realizado a 190 kilómetros de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico sur del país.
El Gabinete de Seguridad mexicano informó en un comunicado que esta operación, encabezada por efectivos de la Marina, detectaron 68 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían 2.155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína “con un peso ministerial de 2,145 toneladas”.
Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que integró la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal.
Sin embargo, no hubo detenidos por estos hechos.
«Esta acción representa una afectación económica estimada en alrededor de 4.3 millones de pesos (246,305 dólares) y evita que millones de dosis de esta droga lleguen a las calles», añadió la institución federal.
En este operativo, de acuerdo a las autoridades, colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Armada de México.
Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 65 toneladas de cocaína en alta mar como «parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado», en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.
El caso del gobernador de Sinaloa
La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó el pasado miércoles que iniciará una investigación para determinar si «existen datos de prueba» que sostengan la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. hacia el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios por nexos con el narcotráfico y posesión de armas.
«La Fiscalía de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión», aseguró Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.
También, destacó que como la ley mexicana lo indica, la orden de aprehensión requiere de «presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito», por lo que según el Tratado Bilateral, «solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes».