Una investigación de la administración de Estados Unidos según la cual funcionarios suyos y un alto político de Bahamas están presuntamente vinculados a un esquema de narcotráfico multimillonario llevó a que este miércoles el Gobierno del archipiélago atlántico asegurara que se toma «extremadamente serio» el análisis de la situación.
Se informó además que las autoridades locales harán su propia investigación y que, al momento, «el Gobierno no ha recibido ninguna información oficial que identifique a algún funcionario público vinculado con este esquema».
«La posición del Gobierno de Bahamas es que si algo está mal y si alguien está involucrado tendrá que responder, las acusaciones caerán donde tienen que caer», enfatizó.
Por su parte, el líder del opositor Movimiento Nacional Libre (FNM, en inglés), Michel Pintard, opinó no sentirse sorprendido por la situación.
«Durante todo el ciclo de elecciones, y hasta previo a ello, presentamos unas alegaciones sobre la relación tan cercana entre esta administración y personajes que son de interés para la policía, tanto a nivel local como internacional», sostuvo.
«Por lo tanto, no estoy sorprendido. Pero, la gente de Bahamas, a pesar de ello, tomó una decisión«, indicó.
Comisión de investigación
A su vez, el presidente del FNM, Duane Sands, pidió establecer una comisión de investigación debido a que «el corazón y el alma del país están en riesgo».
Sands pidió además que dicha comisión investigue la denuncia que se presentó el pasado 15 de mayo en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, la cual alega que en octubre de 2024 un político de Bahamas se reunió con un narcotraficante y un agente encubierto para un acuerdo de tráfico de drogas valorado en 30 millones de dólares.
El nombre del político, no obstante, no se reveló en el documento judicial.
Sin embargo, en la denuncia, Michael Coleman, un agente de la Agencia Antidrogas de EE.UU., identificó a Jonathan Eric Gardiner como uno de los 11 pasajeros que viajaban en una avioneta que se estrelló en las afueras del estado de Florida el pasado 12 de mayo mientras intentaban transportar toneladas de cocaína desde Bahamas con la protección de funcionarios y políticos locales.
El documento judicial indica además que Gardiner es propietario de una empresa que solicita contratos de construcción con el Gobierno y que presuntamente utiliza el dinero para el narcotráfico.
