Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar «torturas» por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP.
Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer «SOS», «Nos torturan» o «No más tortura». Varios presos tenían el rostro cubierto.
Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.
Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal.
Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel.
«Me lo tienen encerrado, golpeado (…) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director», afirmó a las afueras de la prisión.
Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos.
El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín
Los reos «aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas», indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También «han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas».
Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres «se declararon en huelga» en esta prisión.
En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.
En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por «pranes«, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.