El Ministerio Público desplegó este martes la Operación XL526 contra una presunta estructura criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos, así como al lavado de activos provenientes de esas actividades ilícitas.
La operación fue ejecutada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de distintas unidades de investigación y seguridad del Estado. Como resultado, fueron arrestadas 20 personas, entre ellas cinco señalados como cabecillas de la organización y otros seis presuntos integrantes de la red.
Otros ocho fueron detenidos con fines de investigación. El Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
En el operativo participaron 35 fiscales que encabezaron 28 allanamientos simultáneos realizados en las provincias Santiago y Puerto Plata.
En la operación arrestados Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, supuestos cabecillas de la red.
También, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, a quienes el Ministerio Público señala como miembros.
Organización operaba desde Jacagua
El Ministerio Público informó que la estructura criminal tenía como centro de operaciones el municipio de Jacagua, en Santiago, desde donde ejecutaba de manera sistemática actividades de estafa, chantaje y obtención ilícita de fondos mediante el uso de herramientas tecnológicas y estrategias de intimidación.
¿Cómo captaban a las víctimas?
Las investigaciones indican que los integrantes de la red captaban a sus víctimas a través de anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a presiones económicas mediante amenazas y extorsiones basadas en guiones previamente elaborados.
Los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales para intimidar a las víctimas y exigirles pagos bajo amenazas, entre ellas el temido Cártel de Sinaloa.
«Con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza», explica el Ministerio Público.
Presunto esquema de lavado de activos
El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos eran movilizados a través de diversos mecanismos financieros, incluyendo criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago digital.
Las autoridades explicaron que gran parte de las transacciones eran realizadas a nombre de terceros previamente identificados en la investigación, con el propósito de dificultar el rastreo de los fondos y ocultar su origen ilícito.
Cargos y sometimientos
Los imputados serán presentados en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. El Ministerio Público les atribuye presuntos delitos relacionados con crímenes de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
Las autoridades sostienen que la organización exhibía un elevado nivel de bienestar económico, situación que presuntamente incentivaba la incorporación de nuevos miembros, principalmente jóvenes residentes en Santiago y zonas cercanas.
Afectaciones psicológicas a las víctimas
El Ministerio Público también puntualizó que los imputados han empleado mecanismos de intimidación y coacción que generaron «graves afectaciones psicológicas en las víctimas».
Para ello utilizaban amenazas como medio para provocar temor, sufrimiento y perturbación emocional, tanto en las víctimas directas como entre sus familiares, incidiendo de manera significativa en su estabilidad personal y calidad de vida.