Los derechos humanos, y especialmente la situación de los presos políticos, debe tener un papel central en las conversaciones entre EE.UU. y Cuba, una isla donde se violan sistemáticamente libertades básicas, coinciden en señalar a EFE las principales ONG que estudian el país.

Sin embargo, estas organizaciones difieren en su percepción sobre el nivel de compromiso de Washington con los derechos humanos, en la prioridad que va a tener este asunto en las conversaciones bilaterales, y en el rol que deben jugar otros protagonistas, de la sociedad civil cubana a terceros países.

«Cualquier proceso de diálogo debe colocar en el centro los derechos humanos y las necesidades humanitarias de todas las personas en Cuba, sin discriminación», asegura a EFE Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional (AI) para el Caribe.

Para su organización, prosigue, «los derechos humanos son innegociables: el futuro de Cuba debe acordarse y decidirse con plena rendición de cuentas, justicia y reparación a quienes viven bajo represión, escasez y falta de libertades».

Situación actual de los derechos humanos en Cuba

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), agrega que «no son una materia optativa» cuando el objetivo es que «un país renazca de sus cenizas»: «Ni economía ni seguridad van a ser posibles sin una sociedad más libre y democrática, y para lograr eso antes hay que eliminar las violaciones de derechos humanos».

El consenso es también total sobre la situación actual en la isla. «Es profundamente preocupante», asegura a EFE la directora de Justicia 11J, Camila Rodríguez, quien explica que, pese a las recientes excarcelaciones, el «problema de fondo» es «estructural» y sigue «intacto».

Según PD, abril concluyó con 1,260 presos políticos en Cuba. Justicia 11J sitúa esta cifra en torno a los 800 y añade que desde 2023 ha confirmado la muerte en prisión de ocho personas encarceladas por motivos políticos.

«En Cuba todavía es posible terminar en prisión por ejercer derechos que deberían estar plenamente garantizados, como la libertad de expresión, de asociación o de manifestación pacífica», denuncia Rodríguez.

Para Larrondo, los derechos humanos están actualmente en su «peor momento», con una «represión sin control e indiscriminada», y un escenario «dantesco» en las prisiones, donde una mayoría sufre «desnutrición severa».

En este punto Cilano destaca también el rechazo de AI a «las medidas coercitivas unilaterales externas que empeoran las condiciones de vida en la isla», en referencia tanto al bloqueo petrolero de EE.UU. como la última orden ejecutiva con sanciones secundarias contra Cuba.

El papel de EE.UU. en la situación de derechos humanos

Larrondo está convencido de que Washington «está comprometido con darle prioridad a la situación de los derechos humanos» y que desde la administración Trump harán «todo lo que puedan y más».

Rodríguez, por su parte, considera que el tema «probablemente no ocupa el lugar central que debería tener», que hay un «riesgo real» de que quede relegado y cuenta que no percibe «una presión sostenida y proporcional por parte de Washington frente a la negativa del régimen a introducir cambios estructurales».

Cilano subraya que las personas presas «no pueden ser instrumentalizadas como moneda de cambio en medio de negociaciones políticas, como ha ocurrido anteriormente» y exige que no se repitan «patrones de condicionalidad y discrecionalidad» en las excarcelaciones.

La directora de Justicia 11J, que insiste en que las personas «no pueden convertirse en instrumentos de intercambio entre Gobiernos», advierte que los recientes gestos de La Habana no implican «una voluntad de desmontar ese sistema de persecución».

Recalca asimismo que para que el diálogo sobre derechos humanos sea «creíble», la «sociedad civil independiente» y las ONG de derechos humanos deben «formar parte de la conversación».

Cualquier acuerdo, añade, debe incluir «la liberación plena e incondicional de todas las personas presas por motivos políticos, garantías efectivas de no repetición y un compromiso verificable con el respeto de las libertades fundamentales».

Larrondo, a su vez, llama a la Unión Europa -y a España en particular- a que «hagan algún movimiento de presión pública efectiva» para contribuir a los esfuerzos de cambio de Washington, después de «una década sin hacer nada práctico y de impacto por los derechos humanos en Cuba».

Frente a quienes dudan de las prioridades de Washington, el presidente de PD asegura a EFE que EE.UU. es el país «más solidario» con el pueblo de Cuba y que «los que llevan relegando los derechos humanos a un segundo plano durante la última década» son, entre otros, España, Canadá, Noruega y la Unión Europea.

En cuanto a la velocidad de los cambios, Larrondo cree que EE.UU. busca instaurar «democracias reales» en Venezuela y Cuba «a medio plazo». «Solo estamos viendo el capítulo 1 de una miniserie que puede tener no más de 3 o 4 capítulos», apostilla.