La policía de Ecuador hizo detonar el jueves de forma controlada una bomba colocada frente a un complejo judicial de Quito, en medio de un embestida de los grupos criminales contra fiscales y jueces.
Enfrentados entre sí y en guerra contra el Estado, las bandas se fortalecen en el país y dejan unos 40 servidores del sistema judicial asesinados en los últimos seis años en Ecuador, según un gremio de empleados.
La bomba del jueves estaba en una caja de cartón en el ingreso del edificio, acompañada de un panfleto dirigido a los jueces.
«Se trató de un artefacto explosivo, el cual ya fue difuminado o fue neutralizado» por policías antibombas, dijo a periodistas el coronel Mauricio León, comandante policial de Quito.
El mensaje estaba «dirigido a los señores jueces» con una advertencia para «que tomen los correctivos» en «algunos casos», agregó León, sin especificar las causas judiciales.
En el letrero se podía leer: «señores jueces déjense de andar presentándose para hacer actos incorrectos y sentenciar a la gente inocente«.
Sala de audiencia tipo búnker
El Consejo de la Judicatura condenó estos «actos de intimidación» y anunció que construirá «salas de audiencia tipo búnker» para proteger a trabajadores y procesados.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) expresó su «profunda preocupación» por el hecho y expuso la «creciente vulnerabilidad» en la que trabajan los servidores judiciales.
El último asesinato de un trabajador del sistema de justicia ocurrió a mediados de este mes en la costera ciudad de Manta (suroeste), donde mataron a tiros a una fiscal.