Nuevo director de la PN en SFM prohíbe entrada de la prensa al cuartel

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– El nuevo titular de la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional, con asiento en San Francisco de Macorís, general Julio César Acosta, prohibió la entrada de la prensa a la sede policial, una medida que de inmediato ha recibido el repudio de quienes hacen comunicación en ese pueblo.

Como de costumbre, este viernes un grupo de comunicadores de San Francisco se presentó al cuartel donde se le impidió su ingreso por el centinela que se encontraba en la puerta, enfrentándose con el periodista Vladimir Paula.

«Atención general, usted llegó así, y nosotros somos periodistas que a diario utilizamos esta fuente para mantener a la ciudadanía informada de lo que está pasando, y llegamos aquí y vemos que nos quieren impedir, comenzamos ya con la ley mordaza, mucho cuidadito», advirtió Paula.

Los comunicadores explicaron que durante más de 15 años han ingresado a dicha sede para entrevistar a personas que presentan denuncias y a detenidos que voluntariamente acceden a ellos para ofrecer declaraciones, asegurando que ese trabajo siempre se ha realizado con respeto hacia los ciudadanos y las autoridades.

“Es muy lamentable que el general Julio César, quien tiene ya unos días en San Francisco de Macorís nos prohiba a nosotros como medio de comunicación venir a buscar las informaciones», expresó Máximo Peralta, quien labora para el programa de José Gutiérrez.

Peralta condenó la actitud del general y pidió una explicación del porqué tomó esa decisión, la cual impide que la sociedad conozca los pormenores de todos los casos que allí se ventilen.

Peralta dijo que al intentar entrar al cuartel tanto él como sus compañeros fueron detenidos en la puerta por un agente policial, quien les informó que tenía instrucciones superiores de no permitir el acceso de miembros de la prensa al recinto.

Ante la situación, los comunicadores calificaron la decisión como una «ley mordaza» contra los medios de comunicación de San Francisco de Macorís y afirmaron que la disposición representa un obstáculo para el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

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