Tres semanas después del terremoto que sacudió a Venezuela, el principal desafío para la diáspora venezolana en República Dominicana ya no es reunir alimentos, medicamentos e insumos, sino conseguir los recursos para transportarlos hasta las comunidades afectadas.
Diario Libre visitó el centro de acopio habilitado en la plaza Sambil Santo Domingo, uno de varios que permanecen operando en el país, donde los voluntarios explicaron que, aunque las donaciones han disminuido con relación a los primeros días de la emergencia, han logrado reunir una cantidad importante de ayuda que ahora necesita ser enviada a Venezuela.
Los coordinadores indicaron que el primer cargamento pudo salir gracias a una donación, pero los próximos envíos dependerán de los fondos que logren recaudar para cubrir el transporte marítimo.
Según explicaron, cada contenedor tiene un costo aproximado de 4,500 dólares, por lo que realizan gestiones con empresarios y colaboradores para financiar los próximos despachos.
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«Las donaciones se han ido reduciendo, pero gracias a Dios no hemos sido abandonados. El reto ahora es poder costear el transporte para que la ayuda llegue a Venezuela», comentó uno de los voluntarios.
Trabajo en el centro
En el centro de acopio se preparan diariamente decenas de cajas con alimentos no perecederos, mientras los medicamentos son clasificados por personal con conocimientos en el área de salud, que verifica las fechas de vencimiento y los organiza entre medicamentos para adultos y pediátricos. También reciben artículos de higiene e insumos para bebés, que son distribuidos en kits y organizados en palés para su traslado.
La incertidumbre también alcanza a la diáspora
Mientras mantienen activa la ayuda humanitaria, representantes de la comunidad venezolana también expresan preocupación por las dificultades para renovar su documentación migratoria en República Dominicana.
Explican que la Dirección de Extranjería de la Dirección General de Migración dejó de aceptar las declaraciones juradas utilizadas por trabajadores independientes para renovar sus permisos y ahora exige un contrato de trabajo.
Aseguran que esta medida afecta principalmente a los trabajadores por cuenta propia, quienes, según estiman, representan más del 75 % de los venezolanos residentes en el país.
La comunidad sostiene que esta situación ha provocado el vencimiento de numerosos carnés de regularización, con consecuencias como dificultades para actualizar la documentación de sus hijos, enviar remesas a sus familiares o salir del país.
Pese a esas dificultades, los voluntarios aseguran que continuarán recibiendo donaciones y buscando recursos para que las toneladas de ayuda reunidas en los centros de acopio puedan llegar a las familias venezolanas afectadas por el terremoto.